Después de ocho meses de diagnóstico, el denominado Consejo para la Reforma Penitenciaria hizo entrega de sus primeras conclusiones en la materia, proponiendo la racionalización en el uso de la privación de libertad a través del fortalecimiento de medidas cautelares y controles como el uso del monitoreo electrónico, la creación de un servicio de reinserción social y fiscalización de la ejecución de la pena.
La instancia impulsada por el Ministerio de Justicia -y en la que participaron activamente instituciones como Flacso Chile, Fundación Paz Ciudadana, el centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, CESC, el Centro de Estudios de las Américas, CEJA, Gendarmería, y el Poder Judicial, a través de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado- abordó la realidad carcelaria del país, y postuló una serie de conclusiones que buscan mejorar el sistema en general.
Tras recibir el informe, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, valoró el trabajo realizado por la esta instancia especializada.
"Mucho se ha hecho para el fortalecimiento del sistema penitenciario durante los gobiernos de la Concertación, y esperamos, que la administración que comienza pueda tomar estas nuevas propuestas como un desafío de Estado para optimizar este trabajo, especialmente en el ámbito de la reinserción", dijo el Secretario de Estado.
REFORMAS
La primera de estas conclusiones afirma que es necesario en el país la instalación de una política de reinserción social en los tres sistemas que conforman la realidad penitenciaria (cerrado, abierto y post penitenciario).
Para ello, propone que Gendarmería se aboque exclusivamente a la custodia y seguridad de los internos; dejando a un servicio de reinserción social también dependiente del Ministerio de Justicia la supervisión de las medidas alternativas y de los programas de reinserción.
El Consejo además propone dentro de sus conclusiones fortalecer el sistema alternativo a la privación de libertad, mediante el aumento de plazas en establecimientos penales especiales para el cumplimiento de la reclusión nocturna y la remisión condicional, evitando con ello, su cumplimiento al interior de las cárceles. Asimismo, proponen aumentar la cantidad y calidad de los delegados de libertad vigilada.
Además, se aunaron las propuestas por que el sistema penitenciario debe fortalecer la reinserción social en los recintos penitenciarios, mediante por ejemplo de la instalación de industrias al interior de las cárceles, intervenciones psicosociales y un monitoreo permanente tras el cumplimiento del castigo impuesto por el tribunal.
En materia de reinserción post penitenciara, se propone, flexibilizar los mecanismos para la eliminación de los antecedentes penales e incrementar los subsidios para la contratación de personas que hayan egresado.
Una de las más importantes conclusiones del Consejo señala que se debe racionalizar el uso de la privación de la libertad, a través del fortalecimiento en el otorgamiento de medidas cautelares bajo un efectivo control (mediante el uso del monitoreo electrónico ya usado en algunos casos), en casos de consumo de drogas; además de evitar la imposición de penas de corta duración (Inferiores a un año), en casos de delitos menos graves.
Por último, se establece la necesidad de crear una figura que realice el control y fiscalización de la ejecución penal, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad, como por ejemplo, el acceso a beneficios intrapenitenciarios, traslados, libertad condicional o aplicación de sanciones.
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