Tres son las líneas de acción en las cuales pondrá énfasis el gobierno para el trabajo y entrega de tierras a mapuches, una de las cuales incluye estrategias para poner fin a un “mercado negro” en que comuneros favorecidos con predios los arriendan a los mismos particulares a quienes les fueron compradas las hectáreas.
La información fue entregada por el ministro de Planificación, Felipe Kast, quien explicó que “muchas de esas tierras no siempre tienen un desarrollo productivo; muchas de ellas incluso están abandonadas”. A ello agregó que se generó toda una sobrevalorización de las hectáreas, dando como ejemplo que, aquella que costaba $ 500 mil, terminó pagándose por la misma $3,5 millones.
Asimismo, dijo que hay casos en que los incrementos superaron el 800%, lo que a su juicio ha llevado a un verdadero “mercado negro de tierras”.
Agregó que existen “ciertas tierras que están siendo sub utilizadas o no valoradas productivamente”, por lo que el trabajo a realizar incluye un apoyo integral, donde converjan todos los servicios vinculados al mundo de los pueblos originarios del país y en particular de los mapuches.
La segunda línea y donde se intenta poner término al arriendo de tierras, es que los subsidios que se entreguen lleven adosados un convenio de apoyo productivo, de manera que sean los propios indígenas los que trabajen las tierras y las produzcan.
En lo inmediato, se comenzará a trabajar en el levantamiento de un diagnóstico para detectar cuántas tierras están sin aprovechamiento productivo y, de las que estén siendo trabajadas, cuáles son aprovechadas por los indígenas o simplemente están arrendadas a particulares.
El tercer eje es fomentar la entrega de tierras mediante el mecanismo de la Letra A del Artículo 20 de la Ley Indígena, que beneficia a personas o comunidades con requisitos como historia de la comunidad, número de personas, situación socioeconómica, entre otras. Ello, por sobre los de la Letra B, que es de compra directa especialmente donde hay duplicidades de documentos de propietarios (escrituras versus derechos de tierras)
En cuanto a los compromisos de compras adquiridos al 11 de marzo de 2010, se indicó que “se revisarán caso a caso y sólo se concretarán en la medida que cumpla con ciertos requisitos”, quedando excluidas las que tengan conflictos, estén ejerciendo medidas de presión o tengan compromisos con la justicia.
Además, se excluirá a comunidades que no tengan beneficios anteriores, se respetará un monto máximo de hectáreas de 12,7 por familia y una valorización acorde a la realidad del mercado y de la condición de suelo, derecho de aguas, entre otros.
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