El diputado RN Francisco Chahuán, integrante de la la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, mostró su satisfacción calificando de “buena señal” la aprobación del proyecto de ley para dilatar la entrada de los hospitales públicos en la Autogestión en Red, en circunstancias que esto "impedirá que establecimientos que no cumplen con los requisitos básicos para aquello logren dicha categoría".

El parlamentario, lamentó que los Hospitales Gustavo Fricke y el Van Buren, ambos de la Región de Valparaiso, estén en esta situación, y precisó que "presentamos este proyecto para darle la posibilidad al gobierno de hacer bien su trabajo, pues hoy sólo 11 de los 56 los hospitales que debieran integrar la Autogestión en Red, a partir del 1 de enero de 2009, reúnen los requisitos para ello".

Entre las condiciones, se cuenta el mantener equilibrios presupuestarios y financieros, cumplir las garantías Auge, disponer de planes de desarrollo estratégico y demostrar una adecuada articulación con la Red Asistencial.

Asimismo, el congresista explicó que, de no ser por esta iniciativa, la entrada en la Autogestión en Red de los centros asistenciales se hubiera producido por el sólo Ministerio de la Ley en enero próximo, lo que demuestra "una absoluta improvisación de los gobiernos de la Concertación, pues a pesar de haberse promulgado la ley en 2004, no han sido capaces de cumplir con los estándares que se impusieron y que ciertamente no son exigencias imposibles de asumir".

Chahuán agregó que "también queremos exigirle al gobierno que establezca un seguimiento para el cumplimiento de lo planteado, de manera que el segundo semestre del próximo año nos encontremos pidiendo una nueva postergación". En ese sentido, sostuvo que "este proyecto es una oportunidad para consagrar la obligación de conocer el cronograma de acción de cada uno de los 45 establecimientos restantes, con plazos y objetivos, además de establecer sanciones en caso de incumplimiento".

La figura de la Autogestión en Red se crea con el objeto que los directores de los hospitales públicos pudieran tomar decisiones más autónomas y administrar el presupuesto con más flexibilidad, sin tener que recurrir a la autoridad central con esa finalidad.

Tras esta aprobación, se amplió la entrada en vigencia para el 31 de enero de 2010.