Frente a la denuncia de la utilización de instrumental no esterilizado en septiembre pasado en el Hospital Sótero del Río, el director del centro asistencial afirmó que es un hecho fortuito, por el que se han tomado todas las medidas para que no vuelva suceder.

En conversación con latercera.com, el doctor Fernando Betanzo, señaló que el 29 y 30 de septiembre pasado, se detectó que en "había existido una anormalidad dentro del proceso de esterilización, no se había completado y que estarían involucrados cuatro pacientes".

"Inmediatamente se  activó un protocolo de seguridad, se decidió tomar medidas urgentes, partiendo por los afectados informándoles lo que había pasado y la decisión de mantenerlos en estricto control, de realizar un seguimiento en forma preventiva, para detectar en forma oportuna y temprana de alguna complicación que tuvieran derivado de este hecho", afirma el doctor.

Según explica Betanzo, se comunicó lo ocurrido inmediatamente a los afectados, entre ellos la madre de un menor. "Informamos que existía un proceso que no se había cumplido y que existía un riesgo de infección, para eso íbamos a tener un seguimiento no habitual, en forma preventiva y programada para así detectar en forma programada cualquier complicación", sostiene.

Otra de las medidas tomadas consistió en la revisión de todos los procesos de esterilización, el reforzamiento en algunas áreas y se realizó capacitación al personal. "Es un hecho fortuito que a nosotros nos preocupa, estamos siempre atentos para pesquisar en forma oportuna y que no vuelva a ocurrir", dice.

En ese sentido, el doctor señala que el centro asistencial, esteriliza 18.200 cargas al año y el problema ocurrió en una carga. "Es un evento adverso del 0,005 en todas las instituciones en todo el mundo, los eventos adversos se producen, siempre es un porcentaje que es mínimo, siempre hay que trabajar para que sea 0", añade.

Además señala que los pacientes afectados no han desarrollado ninguna infección y que el seguimiento estricto se prolongará durante seis a ocho meses.

Dentro de las medidas administrativas, se instruyó a un fiscal para que realice la investigación y defina los hechos y si existen responsables.