El contralor Ramiro Mendoza- quien asistió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- señaló que hasta el mes de noviembre según los antecedentes que maneja el organismo, los recursos provenientes del 2% constitucional para financiar el Transantiago, no han sido destinados al pago de intereses del préstamo solicitado por el Ejecutivo al BID ni al BancoEstado.

En noviembre el gobierno propuso un proyecto de ley para pagar la deuda de US$ 288 millones que se mantiene con la entidad bancaria internacional, luego que el Tribunal Constitucional impugnara el préstamo de US$ 400 millones que pidió el Ejecutivo para financiar el plan Transantiago.

“Estamos haciendo un examen de seguimiento del uso del 2% y hasta el mes de noviembre nuestros antecedentes indican que los pagos se están haciendo de forma regular y no han salido recursos para pagar el crédito del BID ni al BancoEstado”, enfatizó Mendoza.

Las declaraciones desestiman la arremetida de la Alianza donde se había cuestionado el uso irregular de los fondos constitucionales por el gobierno. Incluso parlamentarios de la UDI llevaron el tema hasta Contraloría para que se inicie una investigación.

El contralor señaló que el informe que prepararon en esta materia se dará a conocer en los próximos días y tendrá sólo observaciones de forma.

Sobre el uso de 1% constitucional que solicitó el gobierno para inyectar recursos al plan de transporte durante este año, Mendoza señaló que el decreto ingresó esta mañana a Contraloría, por lo tanto, la toma de razón se hará en los próximas días.

No obstante, mantuvo sus reparos- aunque con mayor cautela- sobre el uso permanente de este mecanismo para financiar el Transantiago. “Si de nuevo se recurre al 2% como figura excepcional es que hay que ponderar si esto se ha transformado en una forma regular de financiamiento que ha hecho de lo excepcional algo normal y eso a nosotros nos preocupa”.

Recordar que el gobierno recurrió al uso del 2% constitucional el año pasado luego que el Congreso rechazara la partida presupuestaria, para financiar el sistema de transporte otorgándole simbólicamente sólo mil pesos.

Para este año el Ejecutivo sólo recurrió a la mitad de los recursos que permite la Constitución a la espera de llegar a un acuerdo en el Parlamento con la oposición, para financiar de manera permanente el Transantiago.