Un empleado que manejaba las cuentas de los clientes de Bernard Madoff está siendo investigado para conocer su intervención en la estafa orquestada por este financiero estadounidense que, según sus propios cálculos, podría ser la mayor de la historia.

El diario económico The Wall Street Journal informa hoy, sin identificar sus fuentes, que los investigadores están estudiando las actividades de Frank DiPascali, un empleado en la empresa de Madoff durante más de 30 años.

Su intención es saber si ayudó a ese inversor a gestar durante más de dos décadas una estructura piramidal al estilo de un esquema Ponzi con el que se podría haber causado unas pérdidas de cerca de 50.000 millones de dólares.

"Si querías cualquier cosa, una nueva cuenta, meter dinero, sacar dinero, llamabas a Madoff", aseguró uno de los investigadores a este diario, que añade que también se ha emitido una citación para David Friehling, un contable de Nueva York que auditó las cuentas de la firma.

La Fiscalía federal, el FBI y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) están investigando la "Estafa Madoff".

Este inversor, que hasta su detención el pasado 11 de diciembre estaba considerado toda una leyenda de Wall Street, está acusado de planear una estafa con la cual cientos de inversores, especialmente grandes fortunas, pero también organizaciones benéficas, empresas y entidades de medio mundo, podrían perder todo su dinero.

Madoff tenía la imagen de un concienzudo inversor, prometía rentabilidades medias del 8% de forma sostenida y gozaba de una aureola de exclusividad y seriedad con la que consiguió que las grandes fortunas se pelearan por confiarle sus inversiones.

El diario también asegura que una de las clientes de Madoff ha demandado a la SEC por no haber cumplido con su tarea y descubrir este fraude, que le ha generado unas pérdidas de dos millones de dólares.

Phyllis Molchatsky, de 61 años, reclama 1,7 millones de dólares en compensaciones a la SEC, que ahora cuenta con seis meses para negociar un acuerdo o responder a la demanda, ya que, de lo contrario, la inversora podría iniciar un proceso ante una corte federal, según el diario económico.