Un nuevo choque entre el gobierno de Venezuela y los medios de comunicación vuelve a recordar que el tratamiento de la libertad de expresión y el derecho a la información no cumple en ese país con las garantías mínimas que deben imperar en un régimen democrático.
Los operadores de cable se han visto forzados por una decisión administrativa a sacar del aire a seis canales de cable -entre ellos, la señal internacional de TVN-, con el argumento de que, según lo define una nueva norma de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), han sido recalificados como canales de programación "nacional". Ese calificativo obligaría a esas estaciones a acatar las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, entre ellas, la transmisión de las cadenas nacionales decretadas por el Presidente Hugo Chávez (usualmente, sin horario ni duración preestablecidos).
La medida sobre las operadoras de cable ocurrió la medianoche del sábado, sin preaviso, luego de que un alto funcionario dijera que el gobierno esperaba que salieran del aire "en los próximos minutos" los canales que incumplían la ley, los cuales no especificó. Todo indica que el Ejecutivo tenía como blanco la señal internacional de cable de Radio Caracas Televisión (RCTV), que horas antes no había transmitido una alocución presidencial en cadena junto al resto de los canales y desde la semana pasada considerada nacional según la Conatel.
RCTV, perdió en 2007 su señal abierta -la más vista del país- en un caso que causó revuelo internacional, cuando el gobierno rehusó renovarle la concesión en vista de su línea editorial opositora y "golpista". Como consecuencia de eso, había transferido gran parte de su programación al cable, transmitiendo desde Miami una cobertura crítica del gobierno.
Otros canales, como TV Chile, probablemente puedan presentar antecedentes que ratifiquen su condición de "internacionales" y así regularizar su situación ante la Conatel. Es lo que dio a entender la reacción ayer de La Moneda, cuya vocera insistió en el carácter administrativo de la decisión venezolana y evitó vincularla con la libertad de expresión. Cabe tener presente que la inclusión del canal chileno entre los suspendidos ocurre a pocos días de que el Presidente Chávez criticara la elección de Sebastián Piñera por su condición de empresario y lo llamara a "no meterse con nosotros".
Más allá de esto, existe en la Venezuela bolivariana un comprobado patrón de acoso a los medios de comunicación no afines al gobierno y de restricción de espacios a la libertad de expresión. Esto, impulsado desde el Ejecutivo, es apoyado por los poderes Legislativo y Judicial, sin que exista instancia que preserve esas garantías fundamentales. Cuando se le agrega la expansión sin precedentes de la red estatal de medios de comunicación, hay razones para pensar que el gobierno se acerca a la llamada "hegemonía comunicacional" que uno de sus ministros señaló como meta hace algunos años.
Aunque ahora este proceso parece tocar sólo de manera indirecta a un medio chileno, parece oportuno recordar que el gobierno de Chile ha sido reacio en el pasado a condenar con firmeza los ataques a la libertad de prensa y expresión en Venezuela que sí han merecido reproches de otros gobiernos, de organismos internacionales como la OEA y la ONU, y de ONG ligadas a la defensa de los derechos humanos. Por ello, esta ocasión es propicia para que el gobierno chileno reafirme su convicción en esos valores como parte integral de una verdadera democracia, con la prudencia que exige la relación entre Estados, pero sin actitudes que resten fuerza a la postura que debe tener en esta materia.
Cabe destacar positivamente que la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaran la suspensión de los canales, lo que abre la posibilidad de una iniciativa con amplio apoyo para revertir esa decisión.
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