El desastre que asoló a Chile ha sorprendido al país en medio de un proceso de transición política desde el gobierno de la Concertación al de la Coalición por el Cambio. Es necesario que la coordinación entre las autoridades salientes y las entrantes se dé con la mayor intensidad posible, para que estas últimas lleguen a sus cargos con la máxima preparación e información y el traspaso no suponga trastornos en la correcta ejecución de los planes de ayuda.
Cabe a las autoridades actuales gobernar hasta el 11 de marzo y preocuparse de las operaciones de rescate y asistencia que todavía se desarrollan, así como de la mantención del orden público que las haga posibles. Asimismo, les toca velar por la restitución del suministro de servicios básicos, establecer vías sustitutas o de emergencia que permitan darle conectividad al territorio y llegar con ayuda a todos los lugares afectados por el terremoto y el tsunami que lo siguió. Una vez realizada esta labor de contención y emergencia, será posible, a partir de las evaluaciones que ya están teniendo lugar en distintos puntos del país, emprender la reconstrucción, tarea que recaerá en el gobierno que asumirá dentro de ocho días.
Para que cada cual cumpla las obligaciones que le corresponden, se requiere que la transición se lleve adelante en medio de un clima de profunda colaboración. Se trata de una demanda ineludible que el momento reclama y que la ciudadanía tiene pleno derecho de esperar de sus autoridades. Los roces y deseos por ganar protagonismo que pudieron ser visibles en un primer momento han sido afortunadamente desechados.
Es positivo que, en la reunión que sostuvieron el domingo en la noche, la Mandataria y el Presidente electo hayan acordado dejar de lado las críticas mutuas y trabajar unidos en bien del país. No podía ser de otra manera. Son una buena señal en ese sentido las palabras del futuro ministro del Interior, quien señaló el lunes que lo que corresponde es ponerse "al lado de la autoridad, colaborar con ella y darle apoyo a la ciudadanía".
Ahora que se han limado asperezas, es necesario que se profundice y acelere el saludable proceso de intercambio de información que se había venido desarrollando entre actuales y futuros ministros en las semanas previas al terremoto. Areas como infraestructura, salud, vivienda y seguridad pública han sido severamente puestas a prueba por el desastre y quienes hoy están a cargo de ellas poseen información que debe ser compartida con los que pronto tomarán posesión.
Manteniendo la prerrogativa constitucional de las autoridades que ejercerán hasta el 11 de marzo, es conveniente también que las decisiones relevantes cuyas consecuencias se proyecten más allá de esa fecha sean conversadas con el gobierno entrante. Una muestra positiva de ello es lo sostenido ayer por la Presidenta, quien afirmó que hablará con el mandatario electo acerca de la posibilidad de que Chile busque ayuda financiera internacional para enfrentar el proceso de reconstrucción.
Al mismo tiempo, parece conveniente que algunas designaciones políticas clave en las zonas más dañadas -intendentes, gobernadores o algunas secretarías regionales ministeriales- sean postergadas por un tiempo prudente, con el propósito de no producir un relevo masivo en cargos críticos que puede ir en detrimento de la eficacia de las operaciones de ayuda, y que se establezcan desde ya puentes de comunicación respecto de las autoridades que se vayan nominando.
Además de interiorizarse de la situación, el gobierno entrante dispone, hasta el 11 de marzo, de valioso tiempo para definir los cursos de acción que seguirá al hacerse cargo del país. Ya ha dado algunas señales en ese sentido, manifestando que hará reasignaciones presupuestarias y enfocará su gestión en las tareas relativas a la reconstrucción. La coordinación con las actuales autoridades es esencial para que el Ejecutivo entrante obtenga la información que necesita para diseñar un plan aplicable a partir del 11 de marzo.
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