Si bien el tiempo transcurrido no permite aún efectuar un balance detallado de los efectos del terremoto en la economía del país, no cabe duda de que el impacto será severo y de que habrá pérdidas cuantiosas en los ámbitos público y privado.
Ello obligará a las autoridades económicas, especialmente del futuro gobierno, a efectuar una profunda reasignación del presupuesto público, redefiniendo prioridades y generando los recursos necesarios para atender primero las tareas más urgentes de mitigación, y luego para iniciar la reconstrucción.
El aumento del gasto público proyectado para este año, en torno a 4% y con un gasto total de más de US$ 48 mil millones, deberá ser revisado sustancialmente al alza para financiar los gastos que demande la asistencia urgente -alimentos y provisiones, salud, seguridad pública y reparaciones de infraestructura-, y luego la reconstrucción de la infraestructura. Esto impondrá un gran desafío de gestión para lograr soluciones rápidas y efectivas, que probablemente hará necesaria en el nuevo Ejecutivo la creación de equipos ad-hoc para la ejecución de los programas, los cuales deben desarrollarse en conjunto con las tareas propias del gobierno y el logro de otras metas trazadas en su programa.
Afortunadamente, la posición financiera del sector público es sólida, y los gastos a efectuar podrán ser financiados sin afectar la solvencia del Estado chileno, si se obra con prudencia; una mala gestión financiera del Estado afectaría al resto de la economía, dificultando más la situación.
El mayor gasto previsible y su concentración relativa en construcción pueden llevar a alguna caída en el tipo de cambio real, lo que haría más compleja la situación de los sectores productivos que compiten con el exterior. Esto limitaría el empleo en esos sectores y puede motivar una migración de trabajadores a los sectores que se verán potenciados por la redefinición de la estructura del gasto en el país.
En el sector privado, los efectos abarcan las pérdidas sufridas por las personas en sus bienes más esenciales -casas, autos, enseres de todo tipo-, y los daños experimentados por empresas productivas relevantes a nivel regional y nacional. Incomprensiblemente, esas personas y empresas han visto incrementado el perjuicio a raíz de los actos de pillaje y vandalismo de los últimos días.
Las pérdidas en los sectores productivos se extienden a rubros tan diversos como la industria del vino, la siderurgia y la celulosa, además de las sufridas por la infraestructura concesionada y el sector inmobiliario. También hay que considerar los efectos que tendrán las restricciones y paralizaciones causadas por los problemas en servicios como la electricidad y las comunicaciones.
En el ambiente inicial de trastorno de las actividades, todos los sectores han reducido su nivel de producción, lo que marcará negativamente algunos meses en los que, además se encarecerán los precios de ciertos productos específicos, afectando los presupuestos familiares.
Es esperable que una vez que se conozca con mayor precisión el catastro de daños, se diseñen por parte de la autoridad económica los planes de apoyo y promoción -préstamos blandos, líneas de crédito, programas de empleo, etc.- que permitan reimpulsar los sectores productivos más afectados, mitigándose eventuales efectos negativos sobre el desempleo. Igualmente, es clave la flexibilidad y disciplina con que actúe el sector financiero privado para asegurar que el proceso de reconstrucción procede en forma eficiente y segura.
Dado el nivel inicial de desempleo, la necesidad de absorber productivamente a los trabajadores que hoy se desempeñan en trabajos de emergencia y esta dificultad adicional en los sectores que compiten con el exterior, el gobierno entrante debe asegurar las reformas necesarias para que el mercado laboral supere su rigidez actual y facilite la absorción de estas personas, en áreas en expansión o en procesos que se hacen más intensivos en mano de obra.
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