El país ha vivido una de las semanas más agitadas de que se tenga memoria. Al impacto que siguió a la constatación de la enorme destrucción provocada por el terremoto y el tsunami del sábado pasado, se sumaron luego la violencia anárquica de los saqueos, la declaración del Estado de Catástrofe en las regiones VII y VIII, el ingreso de los militares en ellas para reimponer el orden, las primeras evaluaciones de los daños y el inicio de las campañas solidarias para ayudar a los damnificados.
Todos los chilenos, especialmente aquellos que sufrieron pérdidas humanas o materiales, han vivido un período muy duro.
También ha sido difícil para el gobierno y las instituciones responsables hacerse cargo de una tragedia de estas dimensiones. Pese a la inusual intensidad del terremoto -el quinto mayor en la historia desde que existen registros-, parte importante de la infraestructura del país resistió de buena manera. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el aparato diseñado para enfrentar catástrofes, que sufrió una suerte de falla sistémica.
Las comunicaciones colapsaron, lo cual complicó la recolección de información y dejó a partes importantes del territorio nacional prácticamente a ciegas en momentos de extrema urgencia. La Oficina Nacional de Emergencia, Carabineros y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas fueron incapaces de establecer contacto fluido con la zona devastada, al punto que la Armada no consiguió que existiera a tiempo una alerta de tsunami clara y precisa. Es ineludible corregir cuanto antes los protocolos diseñados para este tipo de emergencias y contar con sistemas confiables incluso en casos de cataclismo.
En situaciones como ésta, en las cuales el desorden y la falta de información acrecientan la ansiedad de la población, se necesita más que nunca el surgimiento de liderazgos capaces de ejercer una conducción clara, además de llevar consuelo y calma a las personas, pese a las adversidades que existan. Sin embargo, la confusión y las dudas que existieron en las altas esferas del gobierno fueron ostensibles y se tradujeron en una tardanza en tomar algunas decisiones cruciales, como la adopción del Estado de Catástrofe en las zonas donde ya se estaban produciendo robos y saqueos.
Ha surgido en este punto una polémica entre la autoridad civil y los militares. Mientras la primera ha señalado que la demora en despachar a los uniformados a la zona se debió a que éstos no se encontraban preparados y que desaconsejaron recurrir al toque de queda, diversos jefes castrenses han retrucado, sosteniendo que sus fuerzas estaban listas y que corresponde al estamento político decretar el estado de excepción. Asimismo, las versiones que señalan que consideraciones ideológicas jugaron un rol en la resistencia inicial de La Moneda en decretar el Estado de Catástrofe cobraron fuerza luego que el ministro de Obras Públicas dijera que para la Concertación "la idea de tener a los militares en la calle no fue fácil".
No cabe duda que la opinión pública evalúa negativamente este inusual cruce de versiones, que acrecienta la noción de una autoridad no suficientemente a cargo.
Si bien, y como ha dicho la Presidenta de la República, el momento de establecer las responsabilidades llegará más adelante, estas falencias más serias de coordinación deben ser subsanadas a la brevedad, por la gravedad que representan frente a cualquier emergencia que deba enfrentar el país.
En lo demás, lo que corresponde al gobierno es centrarse en las labores que demanda la emergencia y en compartir información con la administración que asumirá el 11 de marzo, para que el traspaso de mando no signifique un traspié en los trabajos de asistencia que se están desarrollando.
La amarga experiencia por la que atraviesa el país exige de todos redoblar esfuerzos para aportar a una pronta vuelta a la normalidad, la que debe producirse sin olvidar las enseñanzas que está dejando el desastre.
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