El Ministerio Público y las policías están realizando las investigaciones necesarias para identificar y llevar a la justicia a los autores de los saqueos producidos la semana pasada, principalmente en la Séptima y Octava regiones, luego del terremoto que afectó al país y que dejó una grave secuela de robos, destrucción y violencia, que agravaron los daños ya causados por el desastre natural.
Estas gestiones responden a la obligación que la Constitución y las leyes imponen a estas autoridades de velar por la aplicación de la ley, y resultan indispensables para restablecer el respeto a los derechos de los ciudadanos, que fueron gravemente afectados como consecuencias de los actos señalados.
La acción del Ministerio Público debe ser complementada con la de los tribunales de justicia, para conocer en profundidad y juzgar los hechos y las circunstancias en que se dieron, así como las responsabilidades de quienes aprovecharon la emergencia y la desgracia ajena para sacar provecho de forma abusiva e ilegítima.
Respecto de esas circunstancias, resulta errónea la distinción que algunas personas, incluso autoridades, hicieron ver a través de los medios de comunicación -especialmente por el efecto que debe haber causado mientras se desarrollaban los hechos- acerca de que no era reprochable el robo de bienes como alimentos o frazadas, sino sólo aquellos que aparecían como "suntuarios".
Los casos en que nuestra legislación contempla el estado de necesidad como atenuante o eximente de responsabilidad penal -hay delito, pero no se castiga- están sometidos a condiciones precisas y exigentes, que no se verificaban en las horas siguientes al terremoto. Si existe algún caso plausible, deberán acreditarse los hechos y serán los tribunales quienes deberán apreciarlos. De la misma manera, la devolución de los bienes sustraídos deberá considerarse como una atenuante, pero los delitos deben perseguirse de todas maneras.
Las fiscalías han iniciado la recopilación de los antecedentes que permitan identificar a los autores de los delitos e imputarles los delitos cometidos, contando para ello con la ayuda de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el contingente militar desplegado en la zona. Esto facilitará, además, la formalización de una gran cantidad de personas detenidas en medio de los saqueos. Cabe recordar que por haberse cometido muchos de estos delitos mientras existía un "estado de calamidad pública", son castigados con penas superiores para los que resulten condenados.
Además de su efecto reparador, la sanción de los culpables debe eliminar la imagen de impunidad que transmitió este hecho a toda la población, y servir así de desincentivo a que este tipo de conductas se repita en el futuro. Lo que se debe evitar es, precisamente, el efecto que generó la percepción de que los robos y saqueos que se estaban produciendo en Concepción no tenían sanción, lo que parece haber promovido que ellos se reprodujeran en otras ciudades.
Lo que no puede validarse es que en caso de una emergencia exista en sectores de la población la sensación de que es posible cometer este tipo de actos, tal como ocurre a propósito de eventos deportivos o fechas de connotación política -como el denominado "día del joven combatiente"-, donde se aprecia cierta tolerancia al vandalismo y el daño a la propiedad ajena.
En este sentido, juega un rol crucial que las personas que cometieron robos y hurtos, especialmente aquellos que organizaron o los promovieron, sean sancionadas -de acuerdo con la gravedad de cada caso- y la opinión pública capte que, aunque requiera tiempo y recursos fiscales, no habrá espacio a la impunidad.
Es ilustrativo en este sentido que el solo anuncio de que se iban a promover estas investigaciones -acertadamente apoyado por la Presidenta en ejercicio y el Presidente electo- generó de parte de muchas personas que habían participado en los hechos, la devolución de parte de los bienes robados, en cifras que el fin de semana se estimaban sobre los mil millones de pesos.
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