Esta semana, el gobierno saliente dio a conocer las cifras del informe de denuncias de delitos de mayor connotación social, correspondiente al cuarto trimestre de 2009. A la luz de estos números y de su evolución en la última década, no quedan dudas de que el aumento de la delincuencia es una de las deudas importantes que dejan las administraciones recientes.
Pese a los esfuerzos en esta materia, las autoridades no exhibieron resultados acordes con las expectativas de la ciudadanía que, en todos los sondeos de opinión de los últimos años, ha ubicado a la delincuencia como su principal preocupación.
Así, según establece el informe, entre 1997 y 2009 las denuncias aumentaron en un 155%, y sólo entre 2008 y 2009 subieron un 6,4%, debido al incremento de los reportes de robo con fuerza (alza de 13,9%) y de robo por sorpresa (alza de 9,4%).
El nuevo gobierno, que hizo del combate al delito uno de los ejes de su campaña, será en buena medida evaluado por los resultados que logre en este tema.
Para obtenerlos es preciso que se aplique una reforma integral a los programas existentes, de manera que los cuantiosos recursos que se destinan a este problema rindan frutos, primero evitando el aumento de los delitos por encima de los niveles actuales, y luego logrando reducirlos en un plazo razonable.
El control de la delincuencia no sólo es necesario desde la perspectiva de la tranquilidad de las personas, suficiente para justificarlo, sino también porque afecta el desenvolvimiento de la economía -cada día se gasta más en protección-, genera un ambiente negativo para la educación de la juventud, y restringe distintos ámbitos de actividad.
A ojos de la población, la justicia y los organismos policiales no parecen dar suficientes garantías de que quienes transgreden la ley paguen efectivamente un precio alto por ello, lo que ha quedado graficado en la utilización de conceptos como la "puerta giratoria".
La tarea de revertir esta sensación de impunidad puede verse favorecida por el estado de ánimo que se ha instalado en la opinión pública luego de los saqueos registrados en distintos lugares después del terremoto del 27 de febrero.
En razón de esos lamentables sucesos, parece existir un mayor anhelo por una acción policial rápida y eficaz en situaciones que lo requieran, siempre que ello se realice de acuerdo a las normas y procedimientos exigibles al actuar policial en un estado de derecho. De esta forma, el ambiente parece propicio para que el nuevo gobierno impulse sin dilación las medidas y planes previstos en su programa.
Por de pronto, parece indispensable efectuar la reestructuración del Ministerio del Interior, ajustando su organización para que asuma adecuadamente la dependencia de Carabineros y la PDI, como está previsto en las reformas legales recientemente planteadas. A partir de ella, se requiere también descentralizar la operación de las fuerzas policiales, acercando su gestión a la comunidad, para que asuman claramente su responsabilidad frente a la misma.
Son también acertadas las medidas planteadas en orden a dar prioridad a la recaptura de más de un millar de los delincuentes declarados "en rebeldía" y dedicar a esta labor una fuerza combinada de Carabineros e Investigaciones; concentrar a Gendarmería sólo a la custodia de los penales, dejando a una nueva subsecretaría la rehabilitación de los internos; incrementar las fuerzas de Carabineros en 10 mil efectivos en cuatros años, e incorporar el uso de monitoreo electrónico (brazalete con GPS) para garantizar que se cumplan efectivamente las penas alternativas a la prisión.
Los episodios recientes han puesto de manifiesto la importancia de que las autoridades actúen en forma decidida y oportuna ante la delincuencia, enviando una señal clara de que la impunidad no será admitida. De que ello se asuma por las nuevas autoridades dependerá en buena medida que éstas logren resultados efectivos en un área a la que la ciudadanía asigna prioridad y urgencia.
Procesando mensajes...
