La crisis de Honduras y la OEA

Lo único positivo de esta crisis es que ha hecho evidente el desafío regional de enfrentar la debilidad de democracias cuestionables, pese a su legitimidad en el acceso al poder. Es allí donde debería exigírsele a la OEA una transformación verdadera.

El derrocamiento del Presidente Zelaya en Honduras por las instituciones del Estado, vía manu militari, y la asunción al poder del senador Micheletti, constituyen una crisis mayor con efectos que se proyectan a la región.

Este conflicto se origina en un acto ilegítimo (el derrocamiento del Presidente y su expulsión del país), antecedido por acciones ilícitas del mandatario depuesto que las otras instituciones del Estado hondureño habían calificado como antidemocráticas. Dicha realidad lleva a que no se pueda esperar una solución fácil o rápida.

Ante eso, a la Organización de Estados Americanos (OEA) no le cupo más que actuar en función de su marco jurídico: la Carta Democrática Interamericana, donde se encuentran instrucciones indubitables de acción. No debe extrañar por ello que, una vez producidos los hechos, las 33 naciones que debieron decidir lo hicieran de manera unánime en el sentido de respetar la norma. Esa decisión debe valorarse como un triunfo del organismo, que ve así fortalecida su propia institucionalidad y la vigencia del derecho interamericano.

Le correspondió al secretario general aplicar esa decisión y es lo que hizo José Miguel Insulza. No podía negociar o hacer consideraciones, dados los antecedentes previos. La comunidad regional habría rechazado otra línea de acción que no estuviera en función del bien superior a proteger: la integridad del proceso democrático. Eso no impide que se cobren cuentas con posterioridad. Los hechos demostraron que la decisión de la OEA surtió efecto y las partes abandonaron sus posiciones irreconciliables aviniéndose a negociar. Esto es lo que en gestión de crisis se denomina "detener la escalada" y abrir espacios para la búsqueda de soluciones.

Algunos interpretan la mediación del Presidente costarricense Oscar Arias como una derrota del secretario general, una pérdida de poder de la OEA y un incremento del rol protagónico de EEUU. Pero si hay un mérito en esta crisis es que la potencia mundial ha encauzado su preocupación en el seno del organismo regional y del derecho interamericano, sin protagonismos ni hegemonías.

Arias fue propuesto por la OEA, aceptado por las partes, avalado por EEUU y, además, actúa junto a un equipo de la organización regional. En crisis, siempre la mediación la tomará un tercero que no esté directamente involucrado. En este caso, el mediador tiene todas las credenciales necesarias, experiencia negociadora en situaciones de conflicto de Centroamérica (por ello recibió el premio Nobel de la Paz) y es presidente del Sistema de Integración Centroamericano (Sica).

La solución, sin duda, demorará. Aunque debería ocurrir lo antes posible, puesto que quien convoque a elecciones debe ser una autoridad reconocida y legitimada interna y externamente. De no hacerse así, las elecciones serán inválidas y eso prolongará el drama. El regreso de Zelaya para triunfar y quedarse es utópico. Igual que la perpetuación de Micheletti. Ni uno ni otro saldrán victoriosos y ambos arrastran varias culpas. La solución, como suele ocurrir en una negociación, se alcanzará cerca de la línea media, con un poder aceptado por todos y que logre elecciones avaladas por el mundo.

Lo único positivo de esta crisis es que ha hecho evidente el desafío regional de enfrentar la debilidad de democracias cuestionables, pese a su legitimidad en el acceso al poder. Es allí donde debería exigírsele a la OEA y a su secretario general una transformación verdadera. De persistir esta anomalía en la región, sin una forma eficiente de prevenirla, sí habría razones para desconfiar de la organización y de quien la dirige.

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