Una vez más el país ha sido azotado por un evento natural con consecuencias catastróficas. Esta vez, un terremoto de gran magnitud y posterior tsunami afectaron la zona más poblada del país. Un desastre natural se define como la materialización de un riesgo natural con impacto sobre la comunidad. Ese riesgo, a su vez, se compone de dos elementos: la amenaza dada por la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad que presenta la comunidad. En otras palabras, el nivel de desastre no está ligado sólo a la magnitud del evento, también a la capacidad de prevención y reacción de la sociedad.
Sólo en los últimos cinco años el país ha sufrido una serie de eventos naturales de distinta magnitud, todos con víctimas fatales: el terremoto de Tarapacá de 2005; deslizamientos de tierra en la zona de Concepción en 2005 y 2006; el terremoto y tsunami generados por deslizamientos en Aysén en 2007; el terremoto de Tocopilla de 2007; los aluviones del camino a Farellones en 2009, y ahora el gran terremoto y tsunami de la zona centro-sur en 2010. A eso se debe sumar la erupción del volcán Chaitén en 2008, en la que una oportuna evacuación masiva salvó muchas vidas. Esto demuestra el gran nivel de exposición del país frente a desastres naturales de distinto tipo. Estos, desgraciadamente, cobran vidas y generan grandes costos en la economía.
Este terremoto era esperado por la comunidad científica. Si bien no es posible predecir con precisión cuándo ocurrirá un sismo, había estudios que reconocían que esta zona tenía una alta probabilidad de sufrir un sismo mayor (magnitud superior a 8) en los próximos años. Además, todos los terremotos históricos en la zona (1570, 1657, 1751 y 1835) produjeron tsunamis, el último de ellos descrito por Darwin con escalofriantes similitudes al actual. ¿Se tomaron suficientes medidas preventivas?
Hoy, las diversas dimensiones de la prevención y atención de desastres están dispersas en varias instituciones públicas. El uso de la gestión territorial como instrumento preventivo no está normado claramente, lo que genera notorios vacíos, como la escasez de mapas de riesgos naturales que apoyen una adecuada toma de decisiones.
Es necesario hacer una revisión profunda de la institucionalidad y marco legal relativo a los desastres naturales, no sólo respecto a la atención de la emergencia, sino también tendiente a reforzar los aspectos preventivos.
Es indispensable, también, que se incorpore a la comunidad científica tanto en la discusión como en las nuevas instituciones que eventualmente se generen. Es deseable la creación de una Agencia Nacional de Prevención de Desastres Naturales, encabezada por profesionales de las áreas de ciencias de la tierra e ingeniería especializados.
Los miembros de este organismo serían capaces de comprender e incorporar el conocimiento científico y técnico que se genera a nivel nacional e internacional en la formulación de políticas públicas de prevención, como la educación de la población, la generación de sistemas de alerta y la definición de procedimientos de emergencia, entre otros.
Esta agencia debiera manejar distintos escenarios de mayor probabilidad de acuerdo al conocimiento existente. La efectividad de las medidas dependerá de que las voluntades políticas de las autoridades de turno y recursos aportados se mantengan en el tiempo y no se esfumen si es que no ocurre un nuevo evento en unos pocos años.
Estos cambios llevarán al país a un nuevo nivel de preparación, que permitirá reducir los efectos perjudiciales de la naturaleza, que no podemos evitar, pero sí mitigar.
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