El terremoto develó importantes precariedades institucionales y una no menor fragilidad del tejido social. Las primeras se hicieron evidentes al carecer el Estado de Chile de un sistema de manejo de catástrofes moderno, y los velados, pero evidentes, conflictos entre la autoridad política y la militar a partir de la madrugada del 27 de febrero.
La fragilidad del tejido social queda graficada con la constatación hecha por la PDI en relación a que no fueron miembros del "lumpen" los saqueadores en Concepción, sino que sectores de clase media, la mayoría con trabajo y sin necesidades insatisfechas. Un grupo de ciudadanos que, sin mucha conciencia de comunidad, intentó sacar ventajas individuales al plantearse una oportunidad. Una sociedad con menos Estado del que aparentamos tener y con mayor individualismo del que quisiéramos reconocer.
El Presidente electo ha debido reformular la agenda de gobierno. La aspiración de crecer al 6% y proyectarse como nación desarrollada para el año 2018 no parece adecuada. Tendrá que reorientar sus prioridades en paliar la emergencia, restablecer las bases de la economía y promover una nueva institucionalidad para enfrentar catástrofes.
La aspiración al desarrollo planteada por Sebastián Piñera dio paso rápidamente a la noción de volver a "levantar" a Chile. Una visión más realista, modesta, ajustada a un país donde las limitaciones estructurales se hicieron evidentes. Le corresponderá a un gobierno de derecha gestionar y seguramente ampliar las herramientas del Estado para enfrentar una crisis que requiere, en lo inmediato, aumentar los flujos de ayuda para paliar la emergencia; establecer bases más sólidas del Estado de bienestar y generar mecanismos institucionales para responder a catástrofes naturales. Si Michelle Bachelet será recordada por establecer las bases de un sistema de protección social, Piñera será recordado por sus obras de reconstrucción.
El Presidente electo podría transformar esta crisis en una oportunidad política para su gobierno. El llamado a la unidad nacional, que parecía extemporáneo antes del fatídico 27, hoy cobra mayor sentido. Sin embargo, ni la magnitud del evento telúrico ha logrado remecer las bases del actual debate político: los actores continúan en sus trincheras y tampoco han dado señales certeras de un nuevo pacto económico-social para enfrentar la crisis. Unos criticando los problemas de gestión del gobierno de turno, los otros indicando que un gabinete de gerentes no será capaz de atender los problemas sociales pendientes en el país.
La pregunta es pertinente, ¿cómo el sistema político podría responder a esta catástrofe natural? Existen tres opciones no necesariamente excluyentes: la primera dice relación con la polémica más-menos-mejor Estado. En tiempos de catástrofe dicho debate se diluye, porque no existirá otra opción que una intervención mayor y mejor del Estado en las zonas afectadas. El segundo debate se refiere a los recursos. Resultará insostenible en lo inmediato mantener el esfuerzo a punta de teletones. Les corresponderá a los actores políticos definir el nivel de esfuerzo financiero que el Estado debe hacer y, eventualmente, esto implicará revisar la carga impositiva del país.
El tercer debate tiene que ver con la institucionalidad para enfrentar catástrofes. La tentación inmediata es transferirles poder a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de estas situaciones. No obstante, el problema es político: el debate debiese orientarse hacia la coordinación de instancias civiles y militares. Allí reside la esencia del problema de gestión actual.
Procesando mensajes...
