Los desastres naturales ocurridos el 27 de febrero y los días posteriores afectaron no sólo las viviendas, los caminos y los colegios, sino también, en el corto plazo, los lugares de trabajo de los habitantes de las regiones afectadas.
Estas pérdidas, unidas a los saqueos de que fueron víctimas en las horas posteriores a los desastres naturales, llevarán a muchas familias a tomar la decisión de probar suerte en otro lado.
El traslado de las personas de un lugar a otro es un proceso natural que sucede todos los días y no debe ser motivo de alarma. Las personas se cambian de ciudad o barrios por distintos motivos. Entre otras cosas, por la cercanía con mejores colegios o seres queridos, por un trabajo mejor, por una vivienda en un mejor barrio. La diferencia entre lo que vemos todos los días y lo que sucede después de los desastres naturales es que en el último caso se agrupan todos éstos y otros factores en un mismo momento.
La política pública de la reconstrucción, tanto de vivienda como de empleo, debe tener entre sus objetivos facilitar la decisión de la persona damnificada de poder quedarse donde vivía el día del terremoto o poder irse y probar suerte en otro lugar. Esto significa, entre otras cosas, que las personas que perdieron totalmente su vivienda, o ésta quedó inhabilitada o seriamente dañada, puedan canjearla por otra vivienda en otra ciudad o darla como pie para un crédito hipotecario de una nueva vivienda. Algunas inmobiliarias ya están aplicando este principio con los nuevos edificios que tienen daños estructurales.
Es necesario hacer esto de manera más general y no sólo para aquellas personas que presionando logran estos beneficios, que probablemente son los individuos con mayores ingresos.
Existen diferentes formas de lograr este objetivo: una es a través de un "bono de vivienda" que sea reconocido por bancos e inmobiliarias, donde el valor de éste dependa de factores más permanentes y no de la situación transitoria en que se encuentra la familia después del terremoto. La participación por parte de los damnificados sería voluntaria y un adecuado diseño de estos factores más permanentes podría evitar que se produzca una especulación en el mercado inmobiliario, especialmente en las zonas más dañadas.
Hacer este proceso más fluido también implica, entre otras cosas, flexibilizar en marzo la admisión de nuevos alumnos en colegios públicos, tanto los municipales como los subvencionados, como también en las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. No se trata sólo de flexibilizar la fecha de entrada de estas instituciones.
Finalmente, facilitar la reubicación de las familias en una nueva vivienda en el mismo u otro lugar ayudará, sobre todo, a que las personas damnificadas que también perdieron su trabajo busquen uno nuevo en más lugares y por ende, se encuentren empleados con un buen salario lo antes posible.
Todo este desafío, que las familias vuelvan a tener un lugar donde vivir, los hijos vayan a un buen colegio y los padres trabajen, es mucho más fácil escribirlo que implementarlo. Muchos de estos y otros mecanismos serán materia de discusión de las leyes anunciadas por el Presidente electo en su llamado de un "nuevo trato" a los líderes de la futura oposición.
Es importante recordar que empoderar a los chilenos damnificados puede ser la mejor forma de que en el año del Bicentenario puedan pensar en un "nuevo comienzo".
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