Hace algunos días se entregó lo que fue el último informe de denuncias de delitos de mayor connotación social del período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo con los datos, las denuncias aumentaron 6,4% respecto del año pasado, concentrándose este incremento en los robos con fuerza y robos por sorpresa. Un análisis de la evolución de este indicador en los últimos 12 años muestra un aumento de 155%.
Como han reiterado expertos en esta materia, estas cifras deben interpretarse con cautela, ya que no implican necesariamente un aumento de la delincuencia. Como indicador, las denuncias pueden aumentar o disminuir por una multiplicidad de factores: cambios en los sistemas de registros policiales, aumento de unidades o de personal, entre otras. Además, las denuncias sólo reflejan una parte de la actividad delictiva de un país, ya que no consideran la llamada cifra negra, o delitos no denunciados a la autoridad, que en el caso chileno -según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana- alcanza el 65%.
Es por esta razón que la victimización es, a nivel internacional, el indicador técnicamente validado para saber qué está pasando en un país en materia de delincuencia. En este ámbito, las cifras en Chile no son auspiciosas. De acuerdo con los datos, nuestro país muestra estabilidad en la victimización, pero a niveles altos. Uno de cada tres hogares ha sufrido algún tipo de delito en el último año, situación que se agrava si consideramos que más de la mitad de los establecimientos comerciales fue victimizada.
La gran importancia de las denuncias no radica en las cifras, sino en la información que recopilan. Es crucial que los delitos se denuncien, porque gracias a esos datos se pueden conocer las características de los delitos que se están cometiendo (o modus operandi). Las denuncias permiten realizar un análisis más exhaustivo y hacen más eficiente la persecución penal de estos hechos, incluyendo aquellos delitos que no cuentan con imputados conocidos.
La desagregación de esta información, hasta un nivel barrial, permitiría que las autoridades policiales y municipales pudieran conocer, con mayor profundidad, la realidad delictual de cada uno de sus barrios y focalizar las intervenciones en aquellos factores que inciden en la realidad delictual.
Los datos sobre las aprehensiones policiales tampoco sirven para medir delincuencia, y son más bien un indicador de gestión de las policías. Pero la mayor parte de las detenciones no se dan por delitos graves, sino que se focalizan más bien en los delitos menores, como el hurto. Tampoco entregan información respecto de los resultados posteriores a la detención (si la persona terminó siendo formalizada o condenada). El aumento de denuncias tampoco es atribuible a una mayor confianza en las autoridades -como se ha concluido en otras ocasiones-, porque la tasa de denuncias muestra una tendencia a la disminución en los últimos años (mientras el año 2003 se registraba 42,4%, la última medición arrojó 35%).
El desafío del nuevo gobierno está en generar mejores indicadores para medir la delincuencia y la violencia, además de realizar adecuadas evaluaciones de impacto de las intervenciones. No sólo es importante medir la delincuencia, sino conocer el impacto que producen los programas que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sólo así se podrán conocer y replicar las buenas prácticas y modificar aquellas que han mostrado deficiencias.
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