El nuevo gobierno anunció un paquete de medidas para abordar la reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre del 27 de febrero. Con este objetivo se crearía un Departamento Nacional de Reconstrucción (DNR) que sería dirigido por Pablo Allard, un profesional de probada capacidad y que ya lideró el plan de relocalización de Chaitén. Adicionalmente el Presidente creó una comisión interministerial encargada de monitorear el proceso y cuyo secretario ejecutivo será el ingeniero civil Marcelo Cox.
Su primera tarea será diagnosticar y valorizar los daños, centralizando la información que han levantado decenas de servicios y algunas universidades desplegadas en la zona. Con esta base se debieran elaborar los planes directores de reconstrucción para cada localidad afectada, programando todas las fases críticas: desde la demolición o rehabilitación de los edificios dañados, hasta el trazado y urbanización de los nuevos barrios.
La elaboración temprana de los planes directores será clave para gestionar la transición entre las soluciones temporales y definitivas de vivienda, lo que requerirá de un enorme esfuerzo de logística que debe ser previsto con antelación. También, permitirá aprovechar la gran cantidad de escombros para habilitar rellenos que reduzcan la vulnerabilidad del borde costero o que abran nuevos frentes de desarrollo productivo y turístico, como ocurrió en Viña del Mar, luego del terremoto de 1906.
El principal escollo para reconstruir Chile es la debilidad del Estado para coordinar a los organismos públicos que intervienen en el territorio, algo que advertimos en otra columna referida a los desafíos urbanos del nuevo gobierno. Por la magnitud y extensión del desastre, este problema se multiplicará y la capacidad de programación se verá reducida por el apremio de la emergencia y por la necesidad de involucrar a las comunidades afectadas en las decisiones relevantes, como ha ocurrido en todos los casos exitosos de manejo de desastres.
En un conteo rápido y sólo considerando a ministerios encargados de obras, la lista suma a 10 organismos con sus respectivas secretarías regionales. A ello deben agregarse el Consejo de Monumentos Nacionales, la Armada y aproximadamente 60 municipios que deberán aprobar los permisos de edificación.
En este complejo escenario institucional, el DNR sólo podrá ser eficaz en la medida que cuente con atribuciones legales para realizar sus tareas, evitando, a toda costa, el modelo informal ocupado en el Plan Valparaíso, donde la ausencia de jerarquías con potestad administrativa produjo atrasos y negociaciones interminables entre los involucrados. De no mediar estas reformas, el nuevo gobierno debiera reforzar los organismos existentes antes de crear figuras nuevas. Para mejorar su coordinación podría establecer convenios de programación asociados a los planes directores de reconstrucción, designando gerentes con dedicación exclusiva, como ocurrió en Alto Hospicio o Palomar.
Existen otras ideas sobre la mesa. Algunos expertos han recomendado nombrar a un "zar de la reconstrucción" con amplio poder sobre ministerios y agencias gubernamentales. Este término fue acuñado por el Presidente peruano Alan García cuando designó al empresario Julio Favre como encargado de la reconstrucción de la región de Ica luego del terremoto de 2007. La idea suena interesante, aunque su implementación vuelve a chocar con el diseño institucional del Estado de Chile, cuyo sesgo centralizado sólo permite que una persona pueda ocupar este puesto: el propio Presidente de la República.
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