El país sufrió una catástrofe de proporciones mayúsculas el 27 de febrero, dejando un trágico saldo de víctimas, dolor y pérdidas.
Pocos días después, asumió un nuevo gobierno que debe hacer frente a las consecuencias de este terremoto que exige, entre otras acciones, un gran esfuerzo de reconstrucción en infraestructura pública. En el área de salud hay grandes ciudades, como Talca y Curicó, donde se deben reconstruir hospitales, mientras que en otras, como Rancagua y Chillán, si bien no es necesario reconstruirlos, sí se necesita un esfuerzo importante en su reparación. Asimismo, se estima que hay más de mil colegios severamente afectados (esto es, con necesidades de reposición del establecimiento o con daños mayores), mientras que habría un número aun mayor con necesidades de obras menores. En otras áreas de infraestructura pública, como puertos, puentes y bordes costeros, las consecuencias, tanto del terremoto como del posterior maremoto, también fueron considerables.
Todo el panorama anterior corresponde a lo ocurrido con la infraestructura pública, pero también hubo consecuencias mayores en infraestructura privada. Si bien no existe aún un número oficial de viviendas afectadas, las estimaciones iniciales reportadas en el informe de la administración saliente entregado al Presidente Sebastián Piñera indican más de 80.000 destruidas y más de 100.000 severamente afectadas.
El nuevo gobierno está realizando sus mayores esfuerzos para enfrentar este nuevo e inesperado escenario; además, busca al mismo tiempo cumplir con sus promesas de campaña.
De hecho, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de "bono marzo" que formó parte de su programa de gobierno y que beneficiará a más de cuatro millones de personas de Arica a Punta Arenas. Este bono consiste, en lo esencial, en un aporte para las familias de 40 mil pesos por cada hijo.
En el contexto de la catástrofe que vivimos, la entrega del "bono marzo" es un esfuerzo mayor por parte del gobierno en un mes especialmente difícil para las familias chilenas de menores recursos. El presupuesto por el que nos regimos este año fue definido durante 2009, mucho antes de siquiera imaginar la inmensa cantidad de necesidades que emergieron como resultado del terremoto.
La entrega del "bono marzo" es un esfuerzo inmenso de la nueva administración para cumplir con su programa de gobierno, pero consideramos que no es el mejor instrumento para aliviar la terrible situación que enfrentan muchos de nuestros compatriotas. Obviamente, nuestros esfuerzos no terminarán con el bono. La prudencia con la que estamos actuando nos permitirá focalizar nuestras acciones y ocupar nuevos recursos en la urgencia enfrentada por aquellos afectados por el desastre natural.
El "bono marzo" es un compromiso previo a la catástrofe y que se explica, además, en gran medida, por la aguda crisis económica mundial que repercutió en Chile durante 2009. La actual administración está diseñando nuevos y mejores instrumentos para ir en ayuda de quienes necesiten apoyo en estos tiempos difíciles.
Por lo anterior, un alza en este beneficio no es prudente en las actuales circunstancias de emergencia, porque comprometería recursos que -eventualmente- estarían destinados a otras medidas más focalizadas y que irán en ayuda de los más damnificados por este terremoto, especialmente en las regiones VI, VII y VIII.
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