El terremoto del 27 de febrero dejó en manos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera un enorme desafío de reconstrucción cumpliendo las máximas de eficiencia y calidad, como él mismo lo ha propuesto. Pero el sismo volvió a develar el profundo centralismo con el que carga nuestro país y dio una excelente oportunidad para ponerlo a prueba.
Enfrentar la emergencia inmediata que viven miles de compatriotas en las zonas azotadas por el terremoto y maremoto necesariamente pasa por una serie de acciones tomadas tanto desde el gobierno central como de las regiones y municipios. Lo complejo es que un número importante de las municipalidades de las comunas más afectadas se encuentra con enormes dificultades y no cuenta con la infraestructura ni el equipamiento mínimo para asumir estas labores. Otras, muchas más, no cuentan con los recursos para hacer frente a esta catástrofe en forma independiente de la ayuda del gobierno nacional, aunque sus administraciones están funcionando de forma admirable.
Por ello, en lo inmediato, la labor del gobierno es hacer llegar a esas municipalidades la ayuda para ponerlas de pie y, a partir de ello, iniciar la reconstrucción. Sin embargo, esta reconstrucción -que en muchos casos deberá ir de la mano de una nueva planificación de ciudades, pueblos y aldeas- no puede ser hecha sino en forma descentralizada. La tradición centralista de nuestro país sin duda se presenta como un obstáculo para ello.
En lo inmediato, no se requiere sólo reconstruir la administración local en cada comuna, sino que junto con ello fortalecer la capacidad de gestión para levantar las zonas devastadas. Ello implica fortalecer en el más breve plazo a municipios y regiones con profesionales competentes en estas materias, hasta ahora escasos, y cuya falta es muchas veces causa del retraso de los gobiernos locales. Junto con ello, se requieren recursos que si bien provienen de las arcas del gobierno central, vayan a financiar programas de inversión definidos regional y localmente.
La mirada de la reconstrucción sólo puede ser territorial. Por lo pronto, no puede ser sectorial, como ha sido durante décadas la lógica en la administración pública. Una mirada territorial sólo se logra en forma descentralizada. Pero más allá del terremoto y de las prioridades que a partir de éste se sumaron a nuestro programa de gobierno, sentar las bases para una real revolución descentralizadora en el país es un compromiso que siempre ha estado presente.
Lo primordial es entregar herramientas en lo regional y local para que tengan mayores atribuciones, competencias y recursos en sus manos. Por ello, uno de los ejes del programa de gobierno en esta área es implementar un sistema de alta dirección pública a nivel regional y comunal. Asimismo, el compromiso es dotar de mayores recursos y autonomía en el destino de su gasto a los municipios y regiones.
Pero así como el compromiso es avanzar hacia una mayor descentralización, para que ésta se traduzca en un mejor gobierno para las personas, la misma debe ir de la mano con adecuados sistemas de seguimiento, de forma tal que la ciudadanía cuente con información objetiva para evaluar a sus autoridades locales. Ello también será complementado con el fomento del uso más frecuente de fórmulas de democracia directa, tales como plebiscitos y consultas no vinculantes, debiendo para ello simplificar sus requisitos y procedimientos.
En verdad, el terremoto del 27 de febrero es una excelente oportunidad para terminar de "sacudir" nuestro centralismo.
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