Mientras en el fútbol las cosas entre Chile y Honduras quedaron claras con el histórico gol de Jean Beausejour, en política internacional Chile está en deuda con el gobierno de Porfirio Lobo.
Pese a que el Presidente hondureño fue electo de manera impecable en noviembre y asumió en enero, dejando atrás la crisis que se desencadenó con la remoción de Manuel Zelaya en junio pasado, Chile todavía no reconoce su legitimidad.
No es algo fácil de comprender. El canciller, Alfredo Moreno, ha declarado que la elección de Lobo representa al pueblo hondureño, que Chile aspira a tener "relaciones con embajadores" con Tegucigalpa y que la nación centroamericana debiera terminar reintegrándose a la OEA, de la cual fue suspendida hace un año.
En la última Asamblea General de este organismo, celebrada a principios de mes en Lima, Moreno dijo que es "fundamental y urgente reincorporar al hermano pueblo de Honduras al sistema interamericano". En la cita se acordó enviar una "comisión de alto nivel" para que "analice la evolución de la situación" hondureña y presente recomendaciones al 30 de julio.
Como dejó en claro el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el punto clave para readmitir a Honduras es que Zelaya vuelva a su país sin el riesgo de enfrentar un juicio. Esta es una exigencia que plantean miembros de la Unasur. "El camino, sobre todo para muchos países de América del Sur, pasa por el retorno de Zelaya a Honduras en condiciones de absoluta tranquilidad", dijo Insulza en Lima.
Lobo ha invitado a Zelaya a volver e incluso se ofreció a ir a buscarlo personalmente a República Dominicana, donde éste se encuentra desde enero. Pero Zelaya le puso condiciones: "Levánteme las órdenes de captura de oficio, anule los juicios penales presentados por los golpistas y mañana al mediodía estoy en Honduras". Lo que pide es ilegal, porque en 2002 se derogó la provisión constitucional que brindaba inmunidad a los altos cargos. Pese a que el Congreso aprobó una amnistía para los delitos políticos, ésta no abarca ilícitos comunes, y Zelaya enfrenta acusaciones por desvío de fondos públicos. "No hay forma de evitar que alguien enfrente a la justicia", ha dicho Lobo, quien señala que, si decide regresar, Zelaya recibirá un tratamiento acorde a su condición de ex jefe de Estado. Los jueces hondureños les han otorgado a los ex funcionarios zelayistas que han retornado el beneficio de medidas cautelares para que puedan defenderse en libertad.
Estados Unidos afirma que no cree que el retorno de Zelaya sea "un tema crítico" y la secretaria de Estado ha dicho que Lobo ha tenido "un fuerte y consistente compromiso con la gobernabilidad democrática y el orden constitucional". Washington, Canadá y la Unión Europea lo han reconocido como Presidente legítimo. Otros, como Venezuela, Ecuador o Argentina, de cuestionable virtud democrática, se resisten a hacerlo. Chile ha preferido ponerse en compañía de estos últimos.
En lugar de dar a Honduras el reconocimiento que se merece, Chile se ha alineado con los países de Unasur que solidarizan con Zelaya. El objetivo principal de esta actitud sería no incomodar a Argentina ni a Ecuador. A la primera, porque la relación con Buenos Aires es sensible. Al segundo, para obtener una declaración favorable de Quito en el juicio limítrofe con Perú en La Haya.
Pero Chile ya ha hecho gestos significativos a Argentina, en especial su apoyo para que Néstor Kirchner se convirtiera en secretario general de Unasur. Habría que preguntarse hasta cuándo hay que seguir emitiendo señales para complacer a la Casa Rosada. En el caso ecuatoriano, hay que tomar en cuenta que Perú no ha tenido reparos en reconocer al gobierno de Lobo, incluso acusando a los países que no lo han hecho de tener una "doble moral".
Todo indica que, en su afán por agradar a algunos de sus socios en Unasur, Chile ha sacrificado la coherencia. Al perseguir consideraciones prácticas de dudosa utilidad, ha terminado perjudicando a Honduras, contra cuyo gobierno en realidad no existen reparos de fondo que expliquen la ausencia de reconocimiento diplomático.
Además de injusto, el tratamiento que Chile le ha dispensado a Honduras es la expresión de lo confundida que está nuestra política exterior. A falta de un marco referencial que entregue principios rectores y sirva como carta amplia de navegación, la diplomacia chilena a menudo toma decisiones reactivas o basadas en un cálculo cortoplacista, cayendo en la incoherencia. Honduras, un país chico y lejano, no demasiado importante en el firmamento estratégico regional, está pagando los platos rotos hoy. ¿Quién los pagará mañana?
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