El martes pasado, el Concejo Regional (Core) rechazó la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Se trataba de ampliar el límite urbano en 9.545 hectáreas, destinando un cuarto para áreas verdes y un 8% para viviendas sociales. Muchos cantaron victoria, porque se evitaría un colapso ambiental: se preservarán sus suelos agrícolas, se frenará la voraz especulación inmobiliaria y, por fin, se construirá una ciudad ideal y compacta. Pero la realidad es muy distinta y, lamentablemente, nada de ello ocurrirá.
Para comenzar, la capital no congelará su desarrollo, sólo lo distribuirá de otra forma. Como el crecimiento de la población no se puede detener por decreto, Santiago deberá acomodar igual a 1,2 millón de habitantes de aquí al 2030. Si bien hay 21 mil hectáreas disponibles para hacerlo, dos tercios están en comunas alejadas, como Buin, Colina o Tiltil. Así, el primer efecto de congelar el límite urbano será el contrario al que se busca: Santiago será más extenso, al forzar migraciones desde comunas cercanas sin suelo tales como Maipú o Quilicura, hacia ciudades dormitorios ubicadas a 30 kilómetros, sin servicios ni transporte público. No parece muy sustentable, por cierto.
Otra opción es volcar una parte importante del crecimiento hacia el interior, lo que implicaría levantar unas 1.200 torres de departamentos tipo "Santiago Centro", demoliendo barrios y edificios patrimoniales y generando focos de congestión y conflictos vecinales de proporciones. ¿Será ésta la ciudad compacta que se busca como alternativa?
El beneficio ambiental también es una fantasía. En la ampliación que rechazó el Core los urbanizadores debían destinar un 27% del suelo para áreas verdes contra el 7% que exige la ordenanza actual. Esto hubiese permitido duplicar la cantidad de áreas verdes de Santiago, levantando casi tres mil hectáreas de parques y zonas forestadas en comunas con altos déficits en la materia.
La especulación inmobiliaria tampoco desaparecerá, porque es intrínseca a los planes reguladores que por ley definen normas que redistribuyen enorme riqueza. La única forma de reducir la especulación es traspasar a los urbanizadores los costos sociales que generan sus proyectos, exigiendo inversiones que compensen el "premio" en plusvalía. Este objetivo se lograba con la propuesta del PRMS que, además de elevar considerablemente el estándar de áreas verdes, solicitaba un 8% del suelo para vivienda social y obligaba a mitigar los impactos viales y ambientales de cualquier proyecto nuevo.
Las posturas sobre la expansión de Santiago posiblemente sean irreconciliables. Esto no debe sorprendernos ni alarmarnos. Se trata de un debate necesario que debiera incentivarse en futuras modificaciones. Lo preocupante es que la decisión final haya sido tomada a puertas cerradas por consejeros regionales que no fueron elegidos democráticamente y que, por ello, suelen no dar cuenta pública de sus decisiones.
Ahora el gobierno deberá revaluar el PRMS, resolviendo las dudas que existen respecto de la mantención de los parques o a la exigibilidad de las condiciones. De paso, debiera reformular la institucionalidad del Core promoviendo la elección popular de sus integrantes y un sistema que permita auditar su funcionamiento. En el intertanto, es indispensable que los consejeros hagan públicos los criterios técnicos que usaron para rechazar este plan, porque es difícil de imaginar que en una decisión tan relevante sólo hayan primado intereses político-partidistas, como se desprende de la votación en bloque que observamos. Quedamos a la espera.
Procesando mensajes...
