Señor director:
El Presidente Piñera anunció un proyecto que busca acelerar los trámites de las licitaciones públicas y los permisos ambientales en el marco de la catástrofe del 27 de febrero. Esta ley agilizará estos trámites, reduciéndolos a un lapso de 10 días.
Quienes han trabajado en temas ambientales saben que un plazo tan exiguo para otorgar un permiso puede tener una grave connotación. Los diferentes permisos requieren una revisión profunda de las condiciones actuales y futuras de cualquier proyecto que pueda impactar ambientalmente. Además, cuando se otorga un permiso de este tipo, se presupone que el titular ha cumplido todo lo que se establece por ley. Parece inoficioso que, según se menciona en esta propuesta, se establezcan "fuertes fiscalizaciones" una vez que las obras estén concluidas, o el aumento de multas para quienes no respeten la ley.
Esto no representa ningún cambio con lo que ocurría en los gobiernos de la Concertación. Por el contrario, lo que siempre se le criticó a ésta fue permitir el desarrollo de proyectos que en el papel eran amables con el medioambiente, pero en la realidad vinieron a destruir recursos no renovables o alteraron ecosistemas, afectando otras actividades.
Ahora, cualquier proyecto podría exigir tramitación urgente, sin importar que se ubique en una zona diferente a las amagadas por el terremoto. Por ejemplo, la X Región y la catástrofe que ha significado la pérdida de los ecosistemas marinos, seriamente dañados por la empresa del salmón, que ambientalmente estaba dentro de las normas, pero que en la realidad faltó a todas y cada una de ellas.
El exceso de apuro puede provocar nuevos desastres, esta vez no atribuibles a las fuerzas de la naturaleza.
Federico Orellana F.