Señor director:
La autoridad de Transportes ha solicitado recursos adicionales de US$ 100 millones para cubrir el déficit del Transantiago. Cabe recordar que a la fecha ya existen subsidios que cubren la escandalosa pérdida de aproximadamente US$ 600 millones. Los costos de operación, más el Administrador Financiero (AFT), alcanzan ya los US$ 1.300 millones de dólares anuales, mientras los ingresos del sistema vía tarjeta bip! alcanzan sólo los US$ 700 millones. Además, el pago al AFT por servicios de la tarjeta bip! y otros relacionados alcanza casi el 10% de los costos del sistema -US$ 120 millones anuales-, y la evasión se estima en US$ 90 millones anuales.
Si la autoridad desea inyectar US$ 100 millones adicionales, deberá entregar muy buenos argumentos. ¿Hacia dónde irían a parar estos recursos? ¿Al AFT? ¿A los operadores? ¿Es eficiente el pago al AFT? ¿Está tarificado como monopolio natural los servicios del AFT, considerando una rentabilidad normal sobre el capital invertido? ¿Cómo reducir el riesgo de no pago a los pequeños transportistas que arriendan sus buses a las empresas operadoras? ¿Cómo transparentar la real rentabilidad de las empresas operadoras?
Además, aquellas reciben un subsidio estatal y en algunos casos no respetan leyes laborales mínimas, como el pago previsional a conductores. El subsidio actual equivale a 0,3% del PIB. ¿Este es el monto de las externalidades que generaba el antiguo sistema de micros amarillas? Esto es más complejo que sólo un problema de evasión.
Francisco Castañeda
Economista Usach
