Esto del Indulto Bicentenario ha dado mucho qué hablar, y con razón, porque el asunto amerita debate y reflexión. Por otro lado, en ese hablar mucho, las autoridades que deben dar su opinión sobre el tema -o que son requeridas al efecto- hablan de más. Tanto, que con frecuencia se sienten obligados a aclarar que lo hacen a título personal.
El problema es que difícilmente un ministro -como hizo el de Interior hace días- puede alegar que emite juicio alguno a título personal (sobre todo, si él mismo ha asegurado que es ministro las 24 horas del día). Menos cuando lo que dice es de alto calibre, por ejemplo, que "a veces, la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa". Eso puede o no ser cierto, pero ¿intentar suavizarlo por la vía de acotar que "es una opinión mía"? Nones.
Igual pasó con el titular de la Corte Suprema, que respecto del mismo tema calificó el indulto y la amnistía como "situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna". ¿Se opone el máximo tribunal, entonces, a la propuesta de la Iglesia? Nada de eso: "Es una opinión personal", aclaró el magistrado supremo. Qué alivio.
Cabe recordar que hace poco un embajador chileno emitió en otro país opiniones "personales" que le costaron el cargo. No se trata de pedir lo mismo acá, pero sí de recordar que la lección que sacó de ese episodio el gobierno es extendible a toda autoridad pública: sólo las responsabilidades son personales, nunca las opiniones. (MOJ)
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