El tiempo nos dio la razón

Los resultados del pesista Arley Méndez no son fruto del azar. Cuando en marzo de 2017 le solicitamos al ex diputado Jaime Pilowsky que impulsara su nacionalización por gracia en el Congreso Nacional, fuimos con el convencimiento de su tremendo potencial y de los innumerables beneficios que traería en el plano formativo. También estaba la posibilidad cierta de poder otorgar mayor visibilidad a otros deportes, como el levantamiento de pesas o la lucha grecorromana, disciplinas que hasta ese momento no acaparaban mayor atención de la población y los medios de comunicación.

Todas estas situaciones no podrían haber sido posibles sin el trabajo coordinado que realizamos con el poder legislativo y ejecutivo. El primero hizo un tremendo aporte al tramitar con celeridad las iniciativas y el segundo otorgó las urgencias necesarias a las propuestas que permitieron una discusión rápida y eficiente con los resultados que ya todos conocemos.

Hoy vemos con preocupación como esa sinergia se ha visto en parte mermada por la falta de diálogo a la hora de consensuar nuevos proyectos que permitan que el deporte en Chile siga desarrollándose y no a la inversa. Frente a este tema, nos preocupa especialmente el proyecto que busca "regular las artes marciales deportivas, tradicionales y no competitivas" (Boletín n°11367-29), que en estos momentos se discute en la comisión de Deportes y Recreación de la Cámara baja. Esta iniciativa ha carecido de acuerdo entre los distintos actores afectados, e incluso, en su génesis excluyó a la mayoría de los protagonistas de las artes marciales, quienes a nivel federativo olímpico han manifestado a esta directiva su disconformidad con la idea, ya que a su entender y también al nuestro, busca regular disciplinas que ya se encuentran normadas bajo la Ley del Deporte.

Desde el punto de vista constitucional, y esencialmente lo que dice relación a la garantía de asociación, el proyecto no cumple con los estándares de la carta olímpica, la que tuvo reconocimiento como norma jurídica obligatoria en Chile en un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y que fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema.

Reconocemos plenamente la autonomía del Congreso Nacional para legislar sus proyectos, escuchando a la ciudadanía y a los actores involucrados. Pero no podemos sino alertar sobre la necesidad de ser lo suficientemente rigurosos a la hora de hacer un levantamiento sobre la idoneidad de las personas que están detrás de este tipo de iniciativas, que muchas veces disfrazan sus intereses personales y que no hacen más que enlodar la noble y necesaria misión de hacer crecer el deporte.

La experiencia nos indica que cuando se legisla por el bien del deporte y no por intereses personales, se obtienen resultados como los que hoy estamos gozando con nuestros deportistas. Al menos el tiempo nos está dando la razón.