Un mal negocio


Cuando se anunció oficialmente que Argentina, Uruguay y Paraguay postulaban a organizar el Mundial del 2030 hubo varios que miraron con suspicacia este proyecto trinacional. En Paraguay, lejos de alegrarse o lanzar fuegos artificiales ante la posibilidad de ser sede de un torneo de esa envergadura, una quimera en otro tiempo, el mundo del fútbol criticó duramente la audacia de sus dirigentes. José Luis Chilavert y Rogelio Delgado, por citar dos nombres importantes, dijeron que su país tenía problemas sociales más importantes que construir estadios gigantescos que se transforman en ruinas a los pocos años.

No es la única señal, el COI entregó en bandeja los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028 a París y Los Ángeles respectivamente, debido a la falta de postulantes. Hace dos décadas, cada sede olímpica la disputaban al menos ocho ciudades y ahora casi se declaran desiertas.

¿Qué está pasando? Algo muy simple y que se alinea con otros grandes negocios en la actualidad: el modelo es tremendamente rentable para el COI o la FIFA, pero muy malo para los organizadores. Los países sede, sea Olímpicos o Mundiales de fútbol, deben cargar con un exigente y millonario cuaderno de cargos en infraestructura, recibiendo en compensación los ingresos de turismo y el “prestigio”. El verdadero negocio, boletos, derechos de televisión y sponsors, quedan para el COI la y la FIFA, que con suerte pagaron sus pasajes de avión.

Grecia se fue prácticamente a la quiebra tras los Juegos de 2004, gastando casi 20.000 millones de dólares en un montón de obras que en la actualidad acumulan moho y lagartijas; en Beijing 2008, pese a las cifras astronómicas de crecimiento desde 1990, los Juegos resultaron mal negocio, comenzando por una docena de recintos que quedaron botados y sin uso hasta hoy; Sudáfrica y Brasil también gastaron cientos de millones de dólares en estadios monumentales que no necesitaban. Algunos, con capacidades superiores a las 40 mil personas, cuando va menos de 10 años de terminados ambos mundiales, están casi abandonados y en sus canchas sólo juegan equipos amateurs o de ligas regionales. Un despropósito.

Claro, la corrupción hizo su parte, pero un evento de esta magnitud promueve el dinero negro, los gastos inflados y los robos millonarios. Es casi una consecuencia inevitable.

La FIFA tiene un ojo muy certero, nunca pierde. Veamos un ejemplo muy cercano: en el Mundial Sub 17 del 2015, el gobierno chileno debió gastar más de dos millones de dólares en boletos, amén de poner todos los estadios, para que el evento no fracasara. Es decir, no les bastó con que les pusieran la infraestructura completa, además hubo que comprarles las entradas.

Flor de negocio.

Por lo anterior, no es raro que cada vez menos países quieran meterse en ese berenjenal sin salida. Es un gasto infinito que ni siquiera asegura un retorno político claro para el gobierno de turno (Dilma Rousseff puede dar fe de ello). Peor ahora que Infantino quiere aumentar a 40 países los participantes. Más estadios, más gastos.

Al menos desde el Comité Olímpico Internacional intentan cambiar un poco las cosas, señalado que quieren unos juegos “amigables”, intentando que los países usen infraestructura existente y gasten lo menos posible. Claro, París o Los Ángeles (donde se hicieron los Juegos de 1984), pueden acomodarse, son ciudades con recintos para gran cantidad de disciplinas. Pero no es algo común. Hasta Londres tuvo que construir un estadio que no necesitaba para hacer los Juegos del 2012.

La pregunta que se hacen todos es inevitable: ¿Quién paga la fiesta al final? Con certeza la FIFA y el COI no. Nunca lo hicieron. Y difícilmente lo hagan en el futuro. Podrán atenuar los gastos, evitar algunos lujos asiáticos, restringir los presupuestos, pero, al final, siempre pagarán las arcas fiscales, es decir, todos los contribuyentes, de turno.

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