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En la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados continuó la discusión sobre el proyecto que buscar fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor.

En tanto, el presidente de BancoEstado sostuvo que "hay un importante daño patrimonial que en el caso de BancoEstado. A noviembre ha pagado US$120 millones por reclamos formulados el amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto. Parte de las consecuencias de eso, es que se pone en riesgo la capitalización del banco”.

Aunque en diciembre se encuentra en 41,68%, durante 2023 la TMC se ha mantenido en promedio en 42,37%, muy por sobre años anteriores. De hecho, para 2022 promedio fue de 40,385%, pero hacia atrás era mucho menor: de 34,38% en 2021, 34,2% en 2020 y 34,7% en 2019.

Según datos de la ABIF, las operaciones desconocidas por clientes totalizaron 253.392 en el primer semestre de este año, por sobre los 202.140 del último semestre de 2022, siendo mayor además a todas las reportadas en 2021, que llegaron a 229.134.

Tanto Solange Berstein como José Manuel Mena recalcaron la importancia de avanzar en el proyecto de resolución bancaria que regula cómo debe actuar una autoridad ante la eventual crisis de un banco.

El presidente de la Asociación de Bancos profundiza sobre la decisión de la banca de dejar el control de la red de adquirencia. Y sobre las nuevas reprogramaciones de crédito que prepara la industria, señala que "esto debiera estar andando en marzo. Esperaría, por tanto, que sí empiecen a aparecer anuncios".

Entre otras cosas, el gremio propuso al ministro de Hacienda hacer mejoras a la ley de fraude con tarjetas, establecer reglas claras en el sistema de pagos, revisar la metodología y alcance de la Tasa Máxima Convencional y dar prioridad legislativa al proyecto de ley de deuda consolidada, entre otros.

Stephany Griffith-Jones señaló que los bancos privados “(podrían) ofrecer tasas de interés más altas para atraer a mayores ahorrantes, dado que la TPM hoy está en casi 10%, y que tienen fuentes de financiamiento mucho más baratas que eso”, lo que generó que el consejo del BC reaccionara.

El presidente de la Asociación de Bancos también plantea la necesidad de mirar hacia los días posteriores al plebiscito del 4 de septiembre y acordar una hoja de ruta, de cara a buscar una nueva Constitución que genere mayor unidad. A la vez, Mena aborda los problemas de seguridad en la banca, así como la preocupación por la situación financiera en el agro, la construcción, salud y proveedores de la minería, en medio de un escenario de caída de la inversión y de desaceleración económica.

En agosto de 2021 la Asociación de Bancos, BancoEstado y la Asociación de Empresas Fintech de Chile conformaron una mesa de trabajo de cara a implementar el sistema de finanzas abierta, la cual alcanzó un acuerdo marco que establece estándares mínimos de seguridad, responsabilidad y mecanismos de lectura de datos de clientes, de cara a implementar la Ley Fintech.

Desde la Asociación de Bancos señalaron que es una maña política pública.

El presidente del gremio señaló que, para volver a los bajos niveles observados hace algún tiempo y a los plazos de préstamos a 30 años, se requiere de mucho trabajo y poder reconstruir el ahorro a largo plazo en el país, junto con una mayor certidumbre en el contexto económico y político. Detalló que probablemente la tasa promedio de créditos hipotecarios en 2022 va a ser superior a la del año 2021.

El timonel de la Asociación de Bancos asegura que la industria no ha sido inmune a la pandemia y que han visto un descenso en las ganancias, respondiendo a críticas de parlamentarios al respecto. Argumenta que si en el último tiempo la generación de utilidades de la industria frente a los activos gestionados era de 1%, en 2020 esa cifra cayó a 0,38%.

El vicepresidente del BC, Joaquín Vial, dijo que esta moción parlamentaria puede aumentar las tasas de los créditos, entre otras cosas. “Nuestra opinión general sobre este proyecto es claramente una opinión negativa”, comentó en la Cámara de Diputados.

El gerente general de la Asociación de Bancos valora los avances que hubo en el proceso de consulta de las normativas, pero menciona que de todas maneras la CMF fue más estricta que parámetros internacionales en algunos puntos. Estima que esas desviaciones significan un capital adicional de unos US$3.300 millones. Pero la banca tiene holguras de capital, por lo que en el total, para poner en marcha Basilea III necesitarán un monto menor.