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Este lunes las isapres Banmédica y Vida Tres, y las clínicas Dávila, Bío-Bío y Ciudad del Mar, ingresaron diversos documentos donde formularon observaciones en calidad de amicus curiae, esto significa que si bien no se hacen parte de la causa, piden intervenir para colaborar aportando información. La semana pasada las isapres ya habían pedido ser parte del proceso, pero el TC les cerró la puerta en esa materia.

Mientras que las isapres reclaman un monto de $15.815 millones, Clínica Las Condes pide su rechazo íntegro. Pese a esto, anunció que cumplirá con los convenios iniciales.

"El futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno evitar un colapso del sistema sanitario”, señala la misiva, donde el gerente general de ambas isapres enseña su visión sobre los temas que se podrían mejorar en el proyecto.

Eso fue lo que dijo la ministra Aguilera luego de que las isapres Banmédica y Vida Tres decidieron renunciar esta semana al gremio que agrupa a la industria y comenzaron a tomar medidas de manera independiente.

Ambas aseguradoras estiman que el proyecto que se está tramitando en el Congreso para adelantar el ICSA, “en ningún caso logra recomponer el déficit que se genera a partir del 1 de enero producto de la aplicación del fallo GES, considerando la realidad de los distintos actores”.

Dos isapres han activados sus redes para dialogar con senadores a fin de explicar las complejidades que enfrenta la industria de la salud privada. Ello luego que a inicios de julio empezara a sesionar un comité técnico para apoyar a los parlamentarios en su labor de sacar adelante una ley corta tras los pronuciamentos del máximo trbunal del país.

Esta acción se suma a las que ya han presentado otras isapres, pero mediante una vía distinta, ya que Colmena, Consalud y Cruz Blanca lo que interpusieron fue un incidente de nulidad.

Las primeras dos isapres hace una semana habían informado a sus respectivas fuerzas de ventas que se suspendía la comercialización de todos sus planes de salud a la espera del fallo de la Suprema sobre el precio GES. Pero ahora decidieron retomar la venta de planes. En tanto, en Consalud continúa la suspensión, pero retomarán la comercialización antes de lo que tenían presupuestado.

Ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”.

De esta manera se convierten en las primeras isapres en ingresar recursos de aclaración ante el máximo tribunal. Entre otras cosas, pidieron aclarar si la devolución debe hacerse solo a aquellos cotizantes que han presentado recursos de protección; si la aplicación de la tabla única de factores puede hacerse de manera gradual, en un horizonte determinado de tiempo, y solo para quienes lo soliciten.

Las isapres pidieron al máximo tribunal que aclare una serie de temas, entre ellos, si la devolución debe hacerse solo a aquellos cotizantes que han presentado recursos de protección; si la aplicación de la tabla única de factores puede hacerse de manera gradual, en un horizonte determinado de tiempo, y solo para quienes lo soliciten, entre varios otros temas.

Este es el segundo año consecutivo en que la industria marca pérdidas, que al cierre de diciembre ascendieron a $138.117 millones. La única que logró ganancias fue Nueva Masvida ($551 millones).

Eso significa un alza de 25% versus lo que desembolsaron las isapres de Empresas Banmédica en prestaciones y bonificaciones durante 2021. En paralelo, entre ambas isapres consiguieron $1.135.000 en ingresos por beneficiario el año pasado, lo que representa un incremento de 17% respecto del anterior.

Así lo señala Empresas Banmédica en sus estados financieros, refiriéndose a los eventuales montos que tendrían que desembolsar las isapres Banmédica y Vida Tres por el fallo de la Suprema. La auditora, PwC, puso énfasis en el asunto "empresa en marcha", principio contable que asume que una firma operará durante un largo período de tiempo o, al menos, por doce meses.

Cada institución definió sus propios plazos para realizar la gestión.