Fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, había señalado el lunes que estaban estudiando trasladar el juicio oral contra el brazo del Tren de Aragua al Centro de Justicia de Santiago.
26 sep 2023 01:58 PM
Fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, había señalado el lunes que estaban estudiando trasladar el juicio oral contra el brazo del Tren de Aragua al Centro de Justicia de Santiago.
El máximo tribunal revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había acogido un recurso de protección presentado por el sociólogo, quien denunció que la casa de estudios disminuyó unilateralmente sus viáticos en España, pasando desde $1.500.000 a $250.0000, sin avisarle. La Corte Suprema determinó que la estrategia del académico no era la vía idónea para alegar dichos cobros.
A través de un incidente de recusación en la Corte de Apelaciones de Santiago y luego por medio de un recurso de queja ante la Suprema, el abogado Julián López intentó infructuosamente que se sancionara a la jueza que encabeza la preparación del juicio oral en la arista soborno. Como determinó el tribunal de alzada, los dichos de la magistrada en su cuenta de Facebook no eran suficientes para probar su supuesta “predisposición negativa” ante la causa.
El excomandante en jefe de la institución solicitó a la Corte Marcial revocar el encausamiento dictado por la ministra Romy Rutherford, quien evacuó la resolución a los pocos días de dejar el caso. Su defensa también argumentó que rebajó los fondos en seguridad para Pinochet.
El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
El máximo órgano jurisdiccional dictaminó que el lector cerebral de la empresa Emotiv vulnera las garantías del artículo 19 de la Constitución.
El tribunal de alzada de Santiago agendó para el jueves 3 de agosto la instancia en que se discutirá si procede o no el requerimiento de Juan Sutil. El empresario se querelló en contra del parlamentario tras ser acusado de haber entregado "un par de millones" a legisladores de derecha.
Séptima Sala del tribunal de alzada desestimó apelación de la administración municipal al estimar que "significaría una sobre representación de querellantes, por cuanto los intereses están suficientemente cautelados por el CDE”.
En la resolución se establece que se encuentran debidamente cautelados los derechos y la protección de las víctimas.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, se mantendrá esta medida cautelar "exclusivamente por peligro de fuga”. No obstante, la resolución habilita a la defensa para solicitar la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 del Código Procesal Penal, que establece que “cuando la prisión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará”.
El abogado Jorge Bofill ingresó un escrito en el cual solicita que se inhabilite al ministro Vicente Hormazábal, luego de que este -denuncian- decidiera acusar por delitos de violación a los derechos humanos a Cheyre y no revisar un recurso para el sobreseimiento definitivo del general del "Nunca más".
En medio de la solicitud de desafuero pedida por Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez, la defensa del parlamentario pidió que se rechace la petición, al considerar que la querella del empresario descontextualiza sus dichos. En una entrevista el presidente de Convergencia Social (CS) sostuvo que el otrora presidente de la CPC entregaba dinero a parlamentarios de Chile Vamos, "después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua". "Analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil", se lee en el escrito de descargos presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada declaró que la baja de un dragoneante de la Escuela de Suboficiales del Ejército no fue ilegal ni arbitraria. Lo anterior, luego de que presentara un recurso de protección al haber sido dado de baja al dar positivo en un examen de drogas. El exfuncionario presentó la acción judicial sosteniendo que el resultado se dio luego de que su madre fuera la consumidora de la cannabis. Pese a eso, la corte rechazó la medida al considerar que no se vulneraron sus derechos durante el procedimiento disciplinario.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de protección interpuesto contra la firma norteamericana Emotiv, la cual comercializa un dispositivo capaz de leer y almacenar información neuronal. Se trata del primer traspié de la recién promulgada ley de neuroderechos, una pionera normativa a nivel mundial.
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal de alzada de Valparaíso, no se configura el delito de apropiación indebida que se imputaba a Gloria Jadue por parte de su exnuera, María Inés Facuse, y del Ministerio Público. Como resolvieron los ministros, el que ambas sean parte de una sociedad donde no estaba estipulado restituciones de dinero, impide que se pueda configurar el delito por el que se le acusaba.