Los jueces anularon por unanimidad una decisión del 19 de diciembre del tribunal superior de Colorado de expulsar al expresidente de la papeleta primaria republicana de mañana martes.
4 mar 2024 08:40 PM
Los jueces anularon por unanimidad una decisión del 19 de diciembre del tribunal superior de Colorado de expulsar al expresidente de la papeleta primaria republicana de mañana martes.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric. "A la preocupación general por la seguridad de la población, se debe añadir el deber de atender las medidas de protección necesarias para que los procesos judiciales se efectúen en condiciones adecuadas para todos los intervinientes", dijo Ricardo Blanco.
La decisión del máximo tribunal estadounidense equivale, según los analistas, a una victoria a corto plazo para el expresidente, puesto que el caso se podría retrasar, incluso, hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre en las que Trump parte como favorito dentro del Partido Republicano.
Máximo tribunal dictó una sentencia de reemplazo que fija una pena de 541 días para el condenado, abonándole el tiempo que permaneció en prisión preventiva.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la discusión de esta mañana, la indagación administrativa abordará en términos generales la situación, por lo que no sólo se centrará en las acciones ejecutadas por Guzmán. De todas maneras, quienes conocen de la materia advierten que esto profundiza el quiebre entre los magistrados y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Desde el PJUD se informó que la decisión sobre la renuncia se tomará en quorum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros de la Corte Suprema, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de febrero.
“Aquí no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento", señaló el ministro de Justicia tras sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
En 10 días, el pleno del máximo tribunal pasó de aprobar la adquisición de vehículos de alta gama a arrepentirse de su decisión. La adquisición de una nueva flota, por casi $ 1.300 millones, se transformó en un escándalo. Los ministros recularon luego de constatar que la Dipres, pese a su compromiso inicial, nunca contestó el oficio en el que solicitaban el decreto para comprar activos no financieros. Esta es la trastienda de una frustrada compra que confrontó a los magistrados con el gobierno y expuso falencias de gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
¿No debieran los jueces del máximo tribunal comprender mejor que nadie que la responsabilidad no se extingue porque alguien le haya “autorizado” determinado mal actuar? ¿Dónde queda su propio discernimiento, su propia capacidad, como órgano máximo de justicia, para distinguir lo bien hecho de lo mal hecho?
Tras un nuevo pleno del máximo tribunal, el secretario Jorge Sáez comunicó la cancelación de la adquisición, aunque reiteró que había un acuerdo con Dipres para que se dispusieran los fondos. La medida fue valorada tanto por funcionarios como por el gobierno, aunque entre los ministros hay molestia por lo que consideran una supuesta "deslealtad" de las autoridades del Ejecutivo.
Tras la polémica generada por el alto costo de los vehículos, se optó por no adquirir los modelos de la firma de lujo de Toyota.
“La decisión de renovar los vehículos se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron en su momento para la aprobación de los vehículos”, dijo el secretario del máximo tribunal. La polémica decisión de gastar $1.253 millones en estos vehículos de alta gama había generado tensión entre el Poder Judicial y La Moneda. Quedó sin efecto.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
“Ellos tienen una habilitación que no necesitan la autorización del gobierno para gastar dentro del ítem general, porque son un poder del Estado independiente”, precisó Jaime Gajardo.
El ministro Ricardo Blanco solicitó al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, dar a conocer todo el detalle del proceso que culminaría con la renovación de la flota de vehículos en que se trasladan los 21 magistrados y el fiscal judicial. El Ejecutivo, en tanto, endureció el tono por la decisión de los jueces.