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El fenómeno provocado por el Presidente de El Salvador empieza a ser analizado por políticos y académicos, que ven cómo sus ideas para combatir a las pandillas comienzan a penetrar en los países de la región. Desde el alto nivel de imagen positiva que registra en Chile, hasta la aparición de líderes surgidos del ámbito de la seguridad, son solo algunas de las manifestaciones del “bukelismo”.

La Roja necesitaba que el elenco charrúa no derrotara al cuadro local para avanzar anticipadamente al hexagonal final. Ahora tendrá una nueva chance.

El mandatario anunció que dará luz verde a la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos", ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país. Mientras algunos sectores políticos respaldan la iniciativa, otros la consideran una grave equivocación.

Tras una pausa de casi doce años, el porte y la tenencia de armas volvió a ser legal en Ecuador. Sin embargo, expertos, políticos y analistas difieren de los eventuales efectos de esta medida, la que el Presidente Lasso tomó como respuesta a los hechos delictivos enfrentados por la nación sudamericana.

La oposición ecuatoriana requiere de 92 votos favorables para llevar a cabo la destitución del mandatario. En una jugada impulsada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), estos aseguran contar con los apoyos necesarios.

A los civiles también se les permitirá llevar y usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal, añadió el Presidente Guillermo Lasso, quien además declaró estado de excepción en Guayaquil.

Rubén Cherres, de 63 años, cobró relevancia mediática cuando se le relacionó con el caso "Gran Padrino", una trama de presunta corrupción que señala una estructura creada por Danilo Carrera, cuñado del mandatario ecuatoriano, con la que supuestamente recibía sobornos.

El presidente ecuatoriano acusó a los legisladores opositores de “inventar un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites”, y replicó que no existe base jurídica para el caso. “Con la mano en el corazón les ratifico que soy inocente”, argumentó, respecto a acusaciones de corrupción.

El órgano constitucional ecuatoriano accedió la solicitud de enjuiciamiento del mandatario por parte de bancadas legislativas presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa. El aval de la Corte no implica la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional.

“Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía se ponga en las calles y esto genere una mayor reacción”, dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, tras una marcha junto a otras agrupaciones en Quito.

"La interrupción irregular de los mandatos presidenciales, abusando de los mecanismos institucionales y transgrediendo las garantías constitucionales, genera daños a la salud de la democracia, el bienestar de los ciudadanos y el progreso de un país", advierten.

La primera fecha FIFA del año pone a las 10 selecciones de la Conmebol proyectando el proceso clasificatorio para 2026. Desde la estabilidad de Argentina hasta las interrogantes de Chile. Si Ecuador y Venezuela hace poco tienen nuevos técnicos, Brasil y Uruguay recurrieron a interinos mientras buscan a los titulares.

La tensión entre ambos gobiernos aumentó después de que la exministra ecuatoriana Duarte Pesantes, condenada por corrupción, se fugara de la embajada argentina en Quito, donde se encontraba refugiada.

Periodistas de canales de televisión de Guayaquil y Quito recibieron misivas que contenían dispositivos electrónicos que portaban detonantes, por lo que el organismo persecutor abrió una investigación por terrorismo. “Todo intento por amedrentar al periodismo y la libertad de expresión son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia”, señaló el Gobierno ecuatoriano en un comunicado.

El acuerdo parlamentario será trasladado este martes a la Corte Constitucional ecuatoriana para que emita o no un dictamen de admisibilidad en un plazo de seis días. Si es favorable, el trámite vuelve a la Asamblea Nacional y será remitido a la Comisión de Fiscalización, mesa en la que se realizará un nuevo informe, no vinculante para el pleno. Para la votación en el seno de la Asamblea se necesitarán 92 votos a favor.