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Al cierre de 2023, las 19 empresas del Sistema de Empresas Públicas tuvieron ingresos totales por US$1.247 millones, un 14% más. En el global, el grupo de compañías redujo sus pérdidas en un 42%, al cerrar en casi US$ 300 millones. La cifra está muy influida por Metro y EFE, empresas intensivas en inversión en infraestructura. Desde el SEP indicaron que ambas "mejoran sus resultados, aunque éstos se ven impactados en forma relevante debido a los efectos del tipo de cambio en la deuda y al IPC".

"Si realmente se quiere maximizar la producción y la recaudación por litio, es preferible que las autoridades se dediquen a facilitar la llegada de nuevos actores y permitir que los actuales participantes desarrollen al máximo su potencial. En un contexto en que se busca un pacto fiscal para el desarrollo, esta es una gran oportunidad para atraer inversión al país. Codelco tiene muchos otros temas de qué preocuparse."

"Un problema por evitar es la interferencia política en la toma de decisiones. Esto puede ir desde la contratación de personal, hasta las definiciones estratégicas. Un ejemplo de esa interferencia es justamente la decisión política de involucrar a Codelco en el negocio del litio".

"No debemos perder de vista que el principal objetivo siempre debe ser buscar mecanismos para mejorar sus decisiones y performance, donde la diversidad es clave, pero también las herramientas y capacidades para tomar decisiones responsables y adecuadas para el negocio hoy y proyectarlo de manera sostenible hacia el mañana."

El economista advirtió que, si bien se requerirá de una ley especial para crear compañías a nivel comunal, eso no resuelve las dudas de “porqué esto debiera ser menos complejo a nivel local que a nivel central”.

La declaración pública afirma que “los trabajadores y trabajadoras que representamos de las Empresas del Estado nos permitimos hacer un llamado de atención a nuestro Presidente Gabriel Boric, a que el gatopardismo observado en algunos nombramientos, no se repita en la designación de las nuevas máximas autoridades de los principales activos de todos los chileno".

Tras 8 años de intentos fallidos, el paquete legal, que apunta a reemplazar los nombramientos “a dedo” por la selección por mérito de más de 100 directores del SEP y de empresas del Estado como Metro, EFE y los puertos, genera consenso y está en la recta final en el Congreso.

El subsecretario de Hacienda confía en que lograrán los acuerdos transversales para avanzar en este proyecto.

La iniciativa será presentada este martes por el Presidente Sebastián Piñera e involucra cambios importantes en los órganos directivos de Banco Estado, Enami, Sistema de Empresas Públicas y Empresas SEP, además de reparticiones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Corfo, La principal, que todos sus directores, en el caso de las compañías, y sus autoridades, en esos servicios, serán nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para compañías de todos los sectores, 2020 fue uno de sus años más duros. También lo fue para las de propiedad estatal, especialmente Metro y EFE, dos firmas especialmente golpeadas por la desaceleración. Loreto Seguel, presidenta del Sistema de Empresas Públicas, detalla los planes para revertir la situación y destaca que el desafío no es superar a 2020, sino a 2019.

Una inédita mesa “virtual” reunirá por primera vez a mujeres directoras y altas ejecutivas en empresas públicas el próximo 20 de abril.

Un estudio mundial que encuestó a gobiernos nacionales, ciudades de más de 500 mil habitantes y las compañías abiertas a bolsa más grandes reveló cuál es el avance en su camino hacia la descarbonización. Advierte que aún hay varias diferencias de enfoque.

Proyecciones de las empresas estatales enviadas -sin contar a Codelco- a la Dirección de Presupuestos (Dipres), adelantan utilidades para Enap, Enami y las firmas portuarias, aunque el panorama agregado será sombrío.

Precisamente estas firmas registran los mayores sueldos de los presidentes del directorio, con remuneraciones que fluctúan en promedio entre los $3 millones y $8,8 millones líquidos mensuales. De esta manera, concentran el 65% del total de los sueldos de los presidentes de compañías públicas.

La Constitución actual pareciera centrarse en un disputa ideológica acerca del tamaño nominal del sector público, descuidando tanto su tradicional misión de conservar los frenos y contrapesos implícitos en la doctrina de separación de poderes, como la de proteger la sostenibilidad fiscal.