"Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”, afirmó el exsecretario de Estado.
10 ene 2023 09:36 AM
"Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”, afirmó el exsecretario de Estado.
La causal que invoca el texto acusatorio es la presunta infracción a la Constitución y las leyes en las que habría incurrido la extitular respecto a su rol en la concesión de indultos. Durante la tarde se sorteó a los integrantes de la comisión revisora.
"Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta". La frase fue de la vocera de gobierno y en vez de contener las consecuencias generadas por el beneficio presidencial recibido por 13 personas, avivó las críticas de la oposición e incluso en algunos sectores del oficialismo creen que esto podría traer más costos políticos o jurídicos.
La ministra vocera reconoció que existió una desprolijidad en algunos indultos otorgados al no excluir a “personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido, efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas”.
Los delitos de alta connotación social han aumentado de manera irrefutable en el último año. Estos afectan la integridad de las personas y sus oportunidades de desarrollo y prosperidad económica. Las acciones y omisiones de la autoridad en estas materias no son inocuas. Indultar a personas con condenas ejecutoriadas por tribunales competentes no contribuye a resolver las principales preocupaciones de las personas como delincuencia y economía.
La ministra vocera de gobierno sostuvo que "no se cumplió" el criterio de excluir en los indultos a personas que tuvieran "antecedentes complejos" previo al estallido.
El subsecretario de Justicia debió solicitar que se bajaran las transcripciones de dos decretos en los que aparecían su firma y se publicaran los documentos oficiales, debido a que su gabinete no había visto los indultos.
Texto que estaría afinado este lunes tendrá dos capítulos, uno referido a los indultos, por falta de fundamentación en el otorgamiento de este beneficio a condenados que no cumplirían con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley 18.050. El segundo, en tanto, sería por el traslado de los presos de la Macrozona Sur.
Para los representantes de las bancadas de diputados y diputadas de la coalición opositora, la renuncia de la exautoridad de Justicia "no la exime de su responsabilidad".
En el gobierno se vieron obligados a tomar medidas tras los graves errores que marcaron el indulto presidencial. La búsqueda de responsables terminó con la salida del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Esta es la historia de cómo todos los presos del estallido que podían acceder al indulto están libres y que obligó a Boric a sacar de su equipo a su asesor más cercano.
La renuncia del abogado de Convergencia Social se suma a la de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, todo esto en medio de las polémicas por los indultos otorgados por Boric.
La cadena de equivocaciones que rodea a la decisión del Presidente Gabriel Boric de beneficiar a 13 internos está llena de cabos sueltos que el Ejecutivo aún no explica. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, habría estado al borde de salir de su cargo ayer.
Este jueves se dieron a conocer los decretos con los fundamentos empleados por el Ejecutivo para otorgar los beneficios. En el caso del exfrentista Jorge Mateluna se entregaron una serie de antecedentes educacionales y psicológicos para justificar la medida. Además, los documentos dan cuenta que los decretos de Luis Castillo y Sebastián Montenegro se firmaron el mismo día que se comunicó la decisión, es decir, el viernes 30 de diciembre, mientras que los restantes fueron emitidos un día antes, el 29.
La acción judicial firmada por Diego Schalper, secretario general de RN, Andrés Longton, jefe de bancada de los diputados del partido y la subjefa de bancada Sofia Cid, subjefe de bancada, será ingresada al Ministerio Público en las próximas horas.
Juan Olguín Rivera (31) obtuvo el beneficio presidencial que le permitió zafar de la condena dictada el 4 de diciembre del 2021 por su participación en el ataque a un peaje en Curicó y posterior delito de receptación. Su primer arresto fue en 2012 por consumo de drogas en la vía pública y en 2014 fue denunciado por amenazas hacia su expareja. En su "prontuario" también aparecen antecedentes por lesiones, robo en lugar no habitado y desacato.