Se trata de un caso que incluye agresiones y vigilancia a domicilios de dirigentes sindicales. La investigación, encargada a la auditora KPMG, concluyó el mal uso de un contrato con una empresa externa encargada de vigilar y controlar los accesos al recinto minero, y que ésta además ocultó registros de geolocalización de camionetas usadas en los seguimientos. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
12 mar 2024 08:36 PM