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En un comunicado, indicó que este proyecto consiste en el loteo del predio ubicado en el sector “La Ventana”, en el área sur de la playa grande de Tunquén, en 80 parcelas, para su posterior venta.

Investigadores de la Universidad Católica abordaron la necesidad de reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que ha enfrentado críticas debido a problemas de legitimidad y a demoras en la calificación de proyectos. Entre otras cosas, proponen crear un mecanismo de mediación de conflictos socioambientales.

El Tribunal indicó además que el proyecto de Optimización no contempla la construcción de nuevas torres en el trazado del proyecto original.

A partir de hoy, todos los proyectos de inversión que sean evaluados, deberán cumplir con los nuevos requisitos que establece la modificación, que ahora se ajustan con las obligaciones que impone la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.

El 2022 la Municipalidad de Paredones demandó al MOP por presuntamente potenciar la afectación del Humedal Bucalemu, esto luego de la construcción del proyecto “Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu, VI Región” entre los años 2016 y 2017.

En 2023, sólo 243 proyectos recibieron luz verde de parte de la institucionalidad ambiental, los que consideran una inversión total de US$12.430 millones. Asimismo, el número de iniciativas ingresadas durante el año pasado también fue el más bajo desde 1997.

Desde Pivotes, se refirieron en detalle a la reforma que impulsa la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Advierten de incertidumbre y plazos excesivamente largos. Entregan sus propuestas que apuntan a una evaluación ambiental en dos etapas.

Desde 1997 que no ingresaban a tramitación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ni se aprobaba un número tan bajo de proyectos de inversión durante los primeros ocho meses del año. Mientras, los plazos de tramitación aumentan y abogados relevan las mayores exigencias por parte de la autoridad.

La SMA tendrá que analizar el proyecto inmobiliario de Miradores de La Dehesa tras archivar la denuncia por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

A través de un comunicado la SMA indicó que los proyectos son “Red de antenas 5G en Región del Biobío”, cuyo titular es la empresa WOM S.A., destinado a la instalación y operación de siete antenas en la comuna de Hualpén y Contulmo. “San Pablo”, de la empresa Eurocorp Dos S.A., destinado a la construcción de dos torres de departamentos en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, y por último está “Loteo Isla Simpson”, cuyos dueños son las empresas “Inversiones e Inmobiliaria Terra Austral SpA” e “Inversiones Nuevas Cumbres SpA”, proyecto de desarrollo urbano que considera 233 parcelas, ubicado en la Isla Simpson, en Aysén.

El cierre del primer semestre de este año arrojó el monto de la inversión aprobada más bajo desde 2007, con una suma de US$4.536 millones. Mientras, los 114 proyectos que componen ese total es el menor número desde 1997.

Hubo 14 proyectos aprobados por el SEIA, con una inversión total de sólo US$277 millones, siendo la menor suma desde 2005. En enero de 2022, en cambio, fueron visados 59 proyectos por US$1.434 millones. A su vez, el monto de las iniciativas ingresadas para su evaluación es el más bajo desde 2018.

La plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) detalló que en 2022 se aprobaron 361 iniciativas que sumaron en total US$15.047 millones. Se trata del monto de inversión aprobada más baja desde 2008. El ingreso de proyectos al sistema sumó US$ 41.200 millones, la menor cifra en cuatro años.

"Nuestro actual sistema de evaluación ambiental adolece de una falla estructural que hace imperativa su revisión y reforma. Es de esperar que este gobierno le ponga el cascabel al gato, para lo que no necesita reinventar la rueda: basta voluntad y convicción política."

El máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, deberá votar si acoge o rechaza las reclamaciones presentadas contra un proyecto para construir un nuevo puente ferroviario en Biobío, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), por US$ 220 millones, y la central hidroeléctrica de pasada El Rincón, por US$ 24 millones.