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Agenda valórica: La incómoda “herencia” de Bachelet a Piñera

Autor: Alberto Labra

Cancillería, Segegob y la Subsecretaría de DD.HH. dejaron pendiente la elaboración de un documento sobre matrimonio igualitario, identidad de género y otras iniciativas, en el marco del acuerdo logrado con el Movilh ante la Comisión Interamericana de DD.HH. El organismo ha recalcado que el pacto –que incluye avanzar en ambos proyectos– compromete al Estado chileno, independiente del gobierno de turno.



El trabajo debían realizarlo la Cancillería, el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las tres reparticiones tenían que elaborar, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, un informe en el que se registrara el estado de avance y los déficit sobre una serie de materias comprometidas en el marco de la solución amistosa lograda entre La Moneda y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese acuerdo permitió que se retirara la demanda contra el Estado chileno presentada en 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera– ante la CIDH por denegación del matrimonio a tres parejas del mismo sexo. E implicó el compromiso del Ejecutivo –bajo el segundo mandato de Bachelet– de presentar al Congreso e impulsar la tramitación de un proyecto de matrimonio igualitario; junto con otros puntos, por ejemplo, en materia de adopción y respecto a la promoción de la Ley de Identidad de Género.

Sin embargo, la administración de Bachelet no culminó la elaboración del informe antes del cambio de mando, por lo que la tarea recaerá en el gobierno de Piñera.

En concreto, La Moneda deberá coordinar la redacción del escrito, que debe incluir la situación de los proyectos de identidad de género –que se encuentra en comisión mixta– y de matrimonio igualitario, junto con señalar los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa y las medidas que se adoptarán para que ambas iniciativas avancen.

El documento, además, debe ser consensuado con el Movilh, que representa a los demandantes que iniciaron el caso ante la CIDH y que tiene como abogados de la causa a Ciro Colombara y Hunter Carter.

En caso de no lograrse un acuerdo sobre el contenido y el tono del documento que se debe enviar al organismo internacional, cada parte –el gobierno y el Movilh– pueden remitir sus propios informes en paralelo.

La semana pasada, Piñera dijo que “somos partidarios en avanzar en Ley de identidad de género, para que personas como Daniela (Vega), que tienen disforia de género, lo natural es que puedan cambiar, no solo de forma registral, sino que sean aceptados por la sociedad”.

Sin embargo, la mayor complicación estará en la postura que manifieste su gobierno frente al proyecto de matrimonio igualitario, lo que –de ser proclive a su avance en el Congreso– le podría traer costos con su sector, tal como ocurrió en su primer gobierno con el Acuerdo de Unión Civil (AUC), iniciativa que provocó un duro enfrentamiento con la UDI.

El 1 de marzo, tras reunirse con la entonces vocera de gobierno, Paula Narváez, Cecilia Pérez –quien la sucedió en el cargo– dijo que “dentro del programa no está el compromiso de sacar adelante o liderar una tramitación en cuanto a matrimonio igualitario”. Así, aquella vez sostuvo que “serán los propios parlamentarios los que deban tener los consensos, el diálogo necesario, para poder llevar adelante ese proyecto de ley”. Esto, independiente de la postura personal que ha manifestado la actual titular de la Segegob anteriormente. En septiembre de 2017, por ejemplo, Pérez dijo a La Tercera que “soy partidaria de un matrimonio civil para personas del mismo sexo y de diferente sexo”, agregando que “de hecho, digo matrimonio civil para todos porque siento que ya es discriminatorio hablar de matrimonio igualitario”.

Los dichos de Pérez tras su reunión con Narváez provocaron que, al día siguiente, desde el Movilh salieron a refutarla, recordando que, más allá de las definiciones del programa de Piñera, existe un compromiso del Estado chileno ante la Comisión Interamericana para avanzar en esa materia, lo que, de no cumplirse, podría hacer que los demandantes reactiven el caso. La consecuencia final podría ser forzar la intervención de la Corte Interamericana de DD.HH., organismo que –a diferencia de la Comisión– tiene la potestad de obligar a los países miembros a modificar sus legislaciones.

La Tercera PM consultó sobre la situación en particular del matrimonio igualitario a la abogada brasileña Flávia Piovesan, relatora de la CIDH sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), quien señaló que “reiteramos nuestro compromiso en el monitoreo de las medidas, con miras a su alcance”.

Además, este medio le consultó también el tema a Luis Ernesto Vargas, ex magistrado colombiano y actual relator de la CIDH para Chile, quien asistió a la ceremonia en la que Bachelet firmó el proyecto en agosto de 2017. En una escueta respuesta, Vargas señaló que “sobre el tema vertí mi opinión a nombre de la CIDH cuando acompañé la presentación del proyecto de ley por parte de la Presidenta Bachelet”. Aquella vez, Vargas dijo en Santiago a radio Cooperativa que “al margen de quién esté al frente del Ejecutivo, lo importante es que el Estado chileno tiene un compromiso, pues por esa circunstancia es que me enviaron a mí a efecto de que le haga el seguimiento desde hoy, que es cuando finalmente se está radicando el proyecto de ley, pero que es un punto de partida”. Y agregó: “El compromiso es con el Estado, no con el gobierno. Y, consecuencialmente, tendremos que seguir pendientes de la ejecución de la solución amistosa hasta cuando termine en una ley definitiva, o sea, hasta cuando haya igualdad plena”.

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