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Definiciones “ambiguas” sobre qué es acoso y sin estrategias de prevención: así son los protocolos universitarios contra la violencia hacia la mujer

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron las investigadoras Ana Luisa Muñoz (PUC) y Liz Jackson (U. Hong Kong) sobre los instrumentos con los que cuentan los establecimientos chilenos para enfrentar las denuncias.


De las 60 universidades que existen en Chile, sólo siete tenían protocolos activos de prevención y sanción ante casos de acoso y abuso sexual en noviembre del año pasado.

Este es uno de los resultados que arrojó la investigación que realizó la Dra. Ana Luisa Muñoz García, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a la Dra. Liz Jackson, de la Universidad de Hong Kong, quienes analizaron los instrumentos vigentes en las casas de estudio a la hora de enfrentar y prevenir las situaciones de violencia hacia la mujer.

De las siete universidades consideradas en este estudio, tres son estatales, tres privadas del Cruch y una es privada. Tres son regionales y cuatro se ubican en la Región Metropolitana. Todas se encuentran acreditadas y adscritas a gratuidad, y atienden al 22% de los estudiantes de pregrado de las universidades del país.

A partir de enero de 2018, se han sumado 4 casas de estudio a este proceso de construcción de protocolos.

En este contexto, el análisis reveló que las 48 universidades restantes no han diseñado protocolos, y cuatro de ellos sostienen que los problemas de acoso y abuso sexual están implicados en los protocolos laborales relacionados con el orden, la higiene y la seguridad.

Además, de los siete protocolos universitarios vigentes y públicos, se pueden identificar tres limitaciones comunes desde las políticas institucionales sobre prevención del acoso sexual: existe una definición limitada de acoso; los protocolos son una estrategia reactiva y no preventiva; y hay un desconocimiento del contexto de nacional violencia sexual hacia las mujeres y las lógicas de poder entretejida en la problemática, revelaron las expertas.

La académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica, Ana Luisa Muñoz, analizó a La Tercera PM los resultados de la investigación.

– ¿En qué contexto nace esta investigación?
Es un estudio que parte de una colaboración en el marco de University 21 (red internacional de universidades de investigación intensiva) entre la Universidad Católica y una académica de la Universidad de Hong Kong, Liz Jackson. Ella trabaja temas de abuso y acoso sexual en Estados Unidos y en Hong Kong. Y yo trabajo temas de mujer en la academia.

Empezamos a trabajar y escribir sobre el posicionamiento de las mujeres en la academia en los tres países y uno de los temas que remeció fuerte fue el del acoso y del abuso sexual que ya el año pasado estaba emergiendo con un tema relevante.

A partir de eso decidimos realizar un análisis de los protocolos en las universidades y nos encontramos con muy pocos protocolos en noviembre del 2017. Sólo hab´+ian 7 visibles y públicos en la web. Durante estos meses se han acelerado bastante la creación de instrumentos, no sólo protocolos, sino también manuales, políticas preventivas en las universidades a propósito de las demandas de las estudiantes. Si yo los revisara hoy tendríamos un aumento de los instrumentos.

– Ha habido un aumento de los protocolos estos últimos meses
Sí rápidamente. Y eso es positivo. Nosotros valoramos la creación de estos instrumentos. Si bien es una de las demandas en los estudiantes, algo que nos gustaría enfatizar es que el tema de abuso y acoso sexual en las universidades por ningún motivo se soluciona y acaba con la creación de protocolos.

Sin embargo, es un instrumento que puede ser útil al momento de la denuncia siempre que sea un instrumento que tenga conceptualizaciones complejas y lineamientos claros, etc.

– ¿Cuáles son los resultados principales que arrojó este estudio respecto a los protocolos contra acoso y abuso sexual en las universidades?
– Se pueden rescatar tres resultados específicos y que son los más importantes: las conceptualizaciones de acoso que estos protocolos tienen o tenían – porque también se están modificando durante estas semanas – son son muy restringidas y ambiguas.

Y eso es problemático porque si tú tienes una conceptualización ambigua de lo que es abuso y acoso es muy difícil que las víctimas identifiquen el abuso como tal porque como no está comunicable la víctima se cuestiona si lo que le pasó es o no abuso. Pero además es muy difícil para quien tiene que tomar decisiones dentro de las instituciones.

– Otro de los puntos que abordan en la investigación es que los protocolos son más reactivos que preventivos
– Ese es el miedo que tenemos hoy respecto a la rapidez con la que se están creando los protocolos y es que son protocolos que se están creando no sólo a partir de los lineamientos del Ministerio, sino mas bien producto de las situaciones de “escándalo” sobre abuso sexual que se generan en las universidades. Por lo tanto, como son reactivos, se pensó poco – al menos en esos protocolos – en políticas de prevención.

Esto es problemático porque lo que ha sucedido, y es por lo que estamos como estamos hoy, es que se ha individualizado el acoso en determinados sujetos y no se ha institucionalizado el tema al menos como las académicas del estudio proponemos: Lo que ha sucedido es que cuando existe la situación de acoso hay un responsable que es el victimario y también hay una víctima. Por lo tanto, son ellos los que sufren o desarrollan el acoso dentro de una institución. Son individuos que viven una situación específica.

Sin embargo, la universidad se desliga porque dice “Bueno, yo removí al académico de determinada facultad o de determinada universidad” ¿Y qué nos dicen los ejemplos de años anteriores? Es que cuando tú remueves al académico entonces la universidad dice cree solucionar el problema ¿Pero qué pasa’ Ese académico se mueve o a otra institución o a otra facultad y vuelve a perpetrar los hechos.

Cuando movilizas la individualización dejas de pensar que este es un problema de determinados individuos y lo trasladas a la institución. Ahí dices: Este es un problema estructural y cultural que tenemos como sociedad y que nosotros como institución lo tomamos, nos hacemos cargo, lo que conlleva la obligación ética de tener políticas preventivas.

– ¿A qué se refieren las políticas preventivas?
Y cuando digo políticas preventivas no es sólo tener un listado de acciones de lo que se debe haber o no en la universidad. Sino también tener una profundidad en los currículums de los estudiantes, y la creación de una política educacional no sexista.

– ¿Qué significa tener una educación no sexista?
Una educación que permita tomar conciencia respecto a quiénes somos como sujetos históricos y que eso significa pensar en la estructura social en la que nos movemos, la que es patriarcal, donde hay naturalizaciones respecto a los roles de hombres y mujeres en nuestra sociedad.

Y eso para mí es clave en la educación no sexista pensar desde los espacios educativos. El acoso no sólo existe desde la sala de clases o desde la universidad. Hemos visto declaraciones de estudiantes que revelan que las situaciones de abuso también suceden en fiestas, en conferencias, en otros espacios.

Por lo tanto, para pensar en eso se necesita que la universidad cree esas instancias, que se desarrollen, que se pueda pensar o reflexionar y que se pueda formar tanto a académicos como a funcionarios y estudiantes en una comunidad que piensa en los roles, y como eso explica la naturalización de la violencia contra la mujer en Chile.

Ese es otro tema. Los protocolos no abordan el contexto nacional. No consideran, no piensan, ni hablan del contexto nacional. Solo un protocolo mencionaba las relaciones de poder. Pero nosotros vivimos en Chile. Este es un país con grandes índices de violencia hacia la mujer. Un 99% – dicen las estadísticas – de denuncias sobre violaciones era de mujeres en 2015. Eso es histórico. Eso nos debiera decir algo de por qué debemos pensar sobre la violencia hacia la mujer específicamente.

– ¿Cuáles eran las definiciones de acoso y abuso que existían en las universidades al momento de realizar la investigación?
Aon definiciones ambiguas, poco claras, restringidas. No queda claro qué se entiende y qué no se entiende por abuso, qué se entiende o qué no se entiende por consentimiento. Lo que es un tema no menor en un protocolo.

Cuando se analiza estudios de estos temas en los espacios académicos internacionalmente, principalmente acoso o abuso sexual en los campus, te encuentras con declaraciones muy específicas.

Por ejemplo, aspectos como estar dormida no significa consentimiento. Tampoco estar ebria o bajo los efectos de una droga. Ese tipo de declaraciones existen en las universidades norteamericanas. Hay universidades que tienen explícita mente en su página web qué es o que no es consentimiento en una situación de abuso sexual o de acoso sexual.

Ese tipo de declaraciones son importantes porque necesitamos claridad. Hay muchas zonas grises en las que se mueve y por eso también es importante una educación no sexista que aporta mayor información de cómo actuar en determinado espacios.

– ¿Te llamó la atención que fueran más universidades tradicionales las que contaban con protocolos, versus las privadas?

No me llamó la atención. En mi caso quería tener una mirada transversal. Más allá si era una institución privada o pública, si era o no del Cruch. Para mí lo importante es entender que esto está pasando en todos los espacios académicos. Estamos recibiendo demandas de los estudiantes de todas las instituciones de educación superior.

El juego no es empezar a establecer jerarquías de dónde se acosa más o dónde se acosa menos. Para mí, la reflexión debe apuntar a que en este minuto estamos en un momento histórico donde las estudiantes nos invitan a pensar cómo desnaturalizamos la violencia en los espacios académicos y también en nuestra sociedad.

Creo que esa es la demanda y esa demanda va más allá del nombre de la universidad. Cada universidad tiene autonomía y tiene herramientas para tomar decisiones respecto a sus políticas institucionales. La invitación es esa. A pensar cómo académicos, cómo autoridades, cómo los diferentes actores que están relacionados en esos espacios somos capaces de tomar esta demanda, de reflexionar sobre ello y avanzar hacia una mejora de las políticas institucionales que protejan a nuestros estudiantes.

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