La tercera es la vencida: La redacción del reglamento de aborto que complica a La Moneda

Dos veces se ha reunido el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, con el contralor Jorge Bermúdez desde que este último -el 9 de mayo- objetó el protocolo para la manifestación de objeción de conciencia que en marzo publicó el ministro de Salud, Emilio Santelices.

La primera se realizó a las 14.30 horas del 30 de mayo, en Valparaíso. La segunda, hace sólo dos días: el pasado 20 de junio, a las 19 horas.

Desde la Segpres afirman que ambos se reúnen regularmente, pero en estos dos últimos encuentros -revelan quienes han estado al tanto- el ministro le ha realizado diversas consultas respecto de cómo ajustar el nuevo reglamento a la normativa, para no volver a caer en una objeción por parte de la Contraloría.

Una semana después de que Bermúdez publicara el crítico dictamen sobre el protocolo de Santelices, altas fuentes de La Moneda aseguraron a La Tercera PM que la nueva redacción ya no recaería sólo en el equipo jurídico de Salud, encabezado por el abogado Jorge Hübner, a quien –junto con el ministro- se le sindica como responsable del segundo protocolo (el primero había sido enviado en el gobierno de Bachelet). Es así como se definió que la elaboración de un documento que contenga las instrucciones operativas para la implementación de la ley estaría a cargo de Salud. El complejo tema político-legal, el de la objeción de conciencia, quedó entonces en manos de los asesores jurídicos del segundo piso -en particular, del abogado Sebastián Soto- y de la Segpres, específicamente de su división jurídica dirigida por Fernanda Garcés.

La abogada es una mujer "liberal", dice un exabogado de la Segpres, que en el primer gobierno de Sebastián Piñera trabajó en el segundo piso. Su jefa era María Luisa Brahm, de quien es cercana hasta el día de hoy. Goza, además, de gran confianza del Mandatario, afirma un funcionario de La Moneda, con quien se ve prácticamente todos los días.

La definición de separar ambos temas respondió también a que se requería una mirada política del tema, y a que Piñera pidió tener más cercanía con la nueva redacción. El protocolo realizado por Santelices -mediante resolución exenta n° 432- despertó la molestia del Presidente pues, según se supo, se había publicado sin su revisión y con la consulta del ministro de Salud a su jefe de asesores, Cristián Larroulet. Por otra parte, tras el pronunciamiento de la Contraloría, la normativa deberá tener la categoría de reglamento, lo que implica que debe llevar la firma del Mandatario y el ministro respectivo, para luego pasar por el ente dirigido por Bermúdez.

Los abogados de La Moneda también habrían consultado, al menos hace un mes atrás, a diversos constitucionalistas sobre la base de un primer borrador. Habrían recibido un crítico diagnóstico del mismo.

Aunque el contenido del nuevo documento -el tercero desde que se promulgó la ley que despenaliza el aborto en tres causales- se mantiene en estricta reserva, se sabe que el Ejecutivo esperaba el resultado de la votación de la acusación constitucional contra Santelices para darlo a conocer. Por eso es que parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara Baja y del Senado esperan que ello ocurra durante la próxima semana.

A partir de lo socializado con autoridades de Salud y la Segpres, un diputado afirma que el reglamento "va a generar un nuevo estándar en las relaciones entre los establecimientos de Salud y el estado".

Aún así, varios representantes de Chile Vamos plantean que el Gobierno está en un "zapato chino", pues el juicio mayoritario en los partidos oficialistas es que Contraloría "está equivocada" y que la restricción que estableció para que instituciones objetoras de conciencia puedan recibir recursos públicos es "inconstitucional".

Es así como en la UDI, por ejemplo, afirman que el gobierno debiera restringir los convenios de instituciones prestadoras de salud privadas sólo a prestaciones gineco-obstétricas, para no impedir que estas puedan realizar otro tipo de prestaciones al servicio público. "Si tener un convenio significa que las instituciones objetoras no pueden prestar servicios al Estado, entonces vamos a ir al Tribunal Constitucional", afirma el jefe de bancada, Javier Macaya. Una cuestión que Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Mario Desbordes (RN) plantearon el 11 de junio al mismo Presidente Piñera, en una reunión de comité político.

El dilema del gobierno, enfatiza un abogado conocedor del tema, es si el nuevo reglamento "se cae por el lado de la Contraloría o del TC". La preocupación, admiten, es que la tercera sea la vencida.