Nadie le podía decir que no

Iñaki Urdangarín, fue doble medallista olímpico en el Balonmano jugando por la selección de España. Justamente a través del deporte conoció a la Infanta Cristina en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. Un rápido y discreto noviazgo concluyó en la boda real en el año 1997. La pareja comenzó diversos proyectos, pero fue uno el que marcó su destino. Mientras estudiaba en la Escuela de Negocios Esade de Barcelona, hizo migas con un profesor, de nombre Diego Torres. Éste, le animó a que emprendiera su primera actividad empresarial en un Instituto hasta entonces de su propiedad, el Instituto Noos. En el año 2003, Iñaki rápidamente fue nombrado el Presidente del Instituto y Torres asumió como Vicepresidente. Los contratos no tardaron en llegar. El Instituto era una institución en el papel sin fines de lucro, pero en los hechos facturaba y enriquecía a sus socios con diversos contratos que celebraba, principalmente de actividades deportivas, con gobiernos de distintas provincias entre ellas el gobierno Balear, o las privadas Repsol o Telefónica. Era el yernísimo de España ¿Quién le podía decir que no?

Los contratos y las ganancias se multiplicaron así como también los rumores de negocios poco transparentes. Ya en el año 2006, un contrato por más de un millón de Euros entre el Gobierno Balear y Noos, financiaba un seminario deportivo del que nadie había oído hablar. La casa Real vio el peligro reputacional que esta actividad del marido de la Infanta generaba y le consiguió un trabajo muy bien remunerado en Telefónica pero en Washington, bien lejos de  Noos y de España.

Todo sería muy tarde.

En el año 2010, el Juez José Castro, investigando el sobrecoste de un reducto deportivo que duplicó su presupuesto, se encontró con diversos contratos de la administración con el Instituto Noos que no aparecían justificados. Los contratos por montos costosos se sucedieron. Muchos millones de dólares por servicios inexistentes o claramente sobrevaluados que llevaban la firma del yerno real. ¿Quién le podía decir que no?

La investigación penal develó la trama completa. El Instituto Noos, sin fines de lucro, contrataba con otras sociedades de los mismos controladores que sí tenían fines de lucro, en un esquema semejante al que se le ha criticado a las Universidades sin fines de lucro en Chile.

Los cargos que se levantaron fueron variados: Prevaricación (por las resoluciones arbitrarias que dictaron las autoridades al contratar con Urdangarin), Fraude, Malversación de caudales, Tráfico de influencias. La Fiscalía solicitó una pena total de 19 años. El Tribunal de Primera instancia lo condenó a 6 años y 3 meses y el Supremo acaba de reducir esa condena a 5 años y 10 meses, pero que son de cumplimiento efectivo y que lo debieran conducir a prisión en los próximos días.

La sentencia del Supremo español es notable en varios sentidos. Quizás el más importante dice relación con la aplicación estricta del principio de la igualdad ante la ley. Todos podemos ser investigados, todos podemos ser llevados a juicio, todos podemos ser condenados. Incluso si eres miembro de la familia real. No hay sujetos que se encuentren fuera del alcance de la ley y de los tribunales. Ratifica, además, lo sucedido hace dos semanas cuando otro fallo, esta vez de la Audiencia Nacional condenó a 29 personas a 351 años de cárcel por delitos de corrupción. El impacto provocó la caída días después del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Hizo algún cálculo la Fiscalía o Judicatura española sobre los efectos que iban a producir sus acciones? Pareciera que no. Sólo el cálculo de cumplir la ley. Nada más. Nada menos.

El Caso Noos finalmente tiene cierta similitud con el Caso Caval que se ha investigado en Chile, en que justamente se acusa a un pariente político, en este caso la nuera de la Presidenta, de haber usado, tal como Iñaki, dicho vínculo para hacer negocios poco transparentes.

La persecución de la corrupción es un fenómeno global y emergente. Cada día más, los países persiguen las antiguas y las nuevas prácticas para defraudar al Estado, corromper a sus funcionarios y traficar influencias. Se dictan nuevas y mejores normativas que sancionan más duramente los delitos funcionarios, se especializan y fortalecen a fiscales y policías y se asegura la autonomía de sus tribunales. Más que dividir los países entre corruptos y menos corruptos, prefiero clasificarlos entre aquellos que persiguen la corrupción y aquellos que hacen la vista gorda con ella. Chile debe encaminarse decididamente al grupo de países que persigue dura y eficazmente la corrupción. Para ello debe establecer un catálogo adecuado de penas, que implica subir sustancialmente las de cohecho y soborno, establecer mecanismos de delación compensada y asegurar la autonomía de fiscales y jueces. Los costos de no hacerlo serán económicos al impedir la competencia en licitaciones públicas y de confianza en el sistema democrático y de justicia, que hoy ya se encuentra en mínimos niveles históricos. A este desafío ¿ Quien le podría decir que no?