Seguridad en tiempos mejores: Todos contra el muro

Los primeros 30 días de gobierno dicen mucho de cómo será una administración de cuatro años. Mientras el Presidente Piñera llamó a una comisión transversal por la seguridad, las acciones ejecutadas y celebradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, hablan de una realidad diferente. Hasta ahora, se han privilegiado estrategias efectistas, cortoplacistas, altamente mediáticas y que traerán consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. Estas señales no solo preocupan, sino que son tremendamente irresponsables.

A 11 días de iniciar el Gobierno, el mismo Presidente dirigió desde la CENCO de Carabineros una operación que ocupó 15 mil efectivos en detener a 2.244 personas en menos de 10 horas. El 14 de abril, la Subsecretaria de Prevención del Delito, llamó a un punto de prensa para celebrar otro operativo histórico que terminó con cerca de 5 mil detenidos. Solo 35% de estas detenciones corresponde a órdenes de detención pendiente. El resto son delincuentes que salen a buscar a la calle. ¿Dónde? A poblaciones humildes.

En paralelo, la misma subsecretaria Martorell, mientras celebra redadas masivas en puntos de prensa, ha liderado una estrategia mediática y oportunista al criticar las políticas de fortalecimiento comunal implementadas en los barrios por el Gobierno anterior. Gracias a un análisis básico y errado, en entrevista con La Tercera, llegó a la conclusión de que la victimización había subido en un 66% en los barrios donde hubo inversión para prevenir el delito. Sería bueno ver cómo en 30 días levantaron un estudio de victimización a nivel barrial. Parece pertinente recordarle a la autoridad, que los datos de la minuta que envió a los medios, hablan de casos policiales y no de victimización. Como si fuera poco, el aumento en las denuncias que aumentan los casos policiales en el corto plazo, son uno de los objetivos tras el fortalecimiento del tejido social en las comunidades: Se busca que la gente vuelva a confiar y denuncie.

La evidencia nos muestra que cuando los operativos policiales son ejecutados deben ir de la mano de estrategias de acompañamiento e intervención en la comunidad. Justamente lo que la subsecretaría quiere terminar. Sin el fortalecimiento de municipios y estructuras vecinales, las acciones meramente de control terminan por generar caldos de cultivo para que el crimen vuelva con más fuerza, se mueva a zonas más vulnerables o inicie círculos viciosos donde progresivamente los miembros de núcleos familiares van poco a poco entrando a la cárcel. Los operativos suelen detener a los actores menos relevantes y más vulnerables. En el 2012, bajo la primera administración de Piñera, se llegaron a detener en Chile 233 personas al día por ley de drogas, en su mayoría menores de 29 años, mujeres, principalmente por porte y consumo de drogas, no narcotraficantes. Como consecuencia, hoy tenemos a nivel nacional el 50% de las mujeres tras las rejas ahí por ley de drogas y en algunas regiones como Arica esta cifra llega al 80%. Para que los operativos policiales sean efectivos, el Ministerio del Interior debe liderar. Carabineros y la PDI ejecutan lo que ahí se les pide, por lo que deben existir protocolos y metas para definir a quien se busca en los operativos, definición de zonas, categorías de delitos, impacto en el territorio, etc.

Cuando un gobierno busca respuestas inmediatas es más fácil sacar policías a la calle y detener personas, porque las estrategias que apuntan al fortalecimiento local se deben medir en el largo plazo y requieren de trabajo. Recién el 2015, tras años de trabajo, La Legua comenzó reducir los delitos asociados a las drogas. Incluso a pesar que la disminución continúa, es demasiado prematuro hablar de éxito o fracaso. Esperamos no usen la misma forma de medir impacto en el trabajo que inició el Gobierno regional anterior en Bajos de Mena y la Parinacota.

Lo que necesitamos es un Gobierno que comience a ver la seguridad como un fenómeno que requiere acciones y estrategias un poco más complejas que sacar policías a la calle. Hay disponibilidad desde la oposición para cooperar y trabajar. Sin embargo, estas señales preocupan. Reducir la inversión y gasto en las personas a cambio de perseguirlos es un retroceso enorme. Es más, la Subsecretaria de Prevención del Delito debe entender que su rol es prevenir, no perseguir. Hoy, pareciera que esta ha pasado a ser un brazo armado de la estrategia de control, una institución perdida y sin brújula. Es insólito que mientras esto ocurre, esté siendo reemplazada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, desde donde se ha anunciado un aumento en la inversión local para la seguridad. Cuesta entender.