¿Una campaña donde todo vale? Los vacíos legales para regular el plebiscito de abril

Un ejercicio de ficción de cara al plebiscito por un nueva Constitución del 26 de abril:

Un empresario chileno con capitales en el extranjero decide donar 1 millón de dólares a la campaña por el rechazo a una nueva Constitución. Aporta para el arriendo de un comando, para la contratación de productoras que realicen videos virales y para propaganda en espacios públicos. En la otra vereda, una ONG promotora de derechos reproductivos opta por hacer lo mismo, pero en apoyo de la opción que aprueba una nueva Constitución bajo la modalidad de una convención constituyente.

¿Qué opción tiene hoy el Servicio Electoral de fiscalizar el límite de gasto y el origen de esos aportes? La respuesta es ninguna. Y es que la actual legislación que regula las campañas políticas no consideró jamás la posibilidad de tener que regular el gasto electoral para un proceso que no tiene candidatos, como será el plebiscito del 26 de abril.

En el referéndum del próximo año no está establecida la aplicación de la ley 19.884, que regula el tema del gasto electoral, porque esa norma está establecida para el control y la fiscalización de candidaturas y de partidos políticos. En el caso del plebiscito, que se aplica por primera para llegar a una nueva Constitución, no hay inscripciones previas, vale decir, no hay actores que el Servel pueda controlar. En la elaboración de la ley por parte de la comisión técnica que se creó tras el acuerdo del 15 de noviembre, se optó por hacer aplicable la ley de partidos que sí permite controlar el financiamiento y gasto de los partidos, que en este caso serán solo un actor más del proceso.

El del 26 de abril -dicen quienes hoy estudian el proceso- se va a parecer demasiado al plebiscito del 88 en la perspectiva de la desregulación.

El Presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, reafirma la preocupación: "En ese momento nosotros vamos a poder controlar exclusivamente a los partidos políticos, que son algunos de los actores en el proceso. Y los vamos a poder controlar sobre la base de las normas de la ley de partidos y de la ley de control financiamiento y gasto electoral".

"Hay que resguardar que en las campañas no influya el dinero, que no haya aportes de empresas con fines de lucro. Mientras antes tengamos claras la reglas del juego, antes podremos aplicarlas", agrega.

En el Servel explican que es complejo llegar a tiempo con una regulación que ni siquiera fue abordada en el comité técnico que nombraron los partidos políticos para el proceso constituyente. Desde La Moneda aseguran que esta semana el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, se reunirá con los partidos y con el Servel para intentar dar con una fórmula que permita regular de mejor manera el proceso electoral de abril.

"Es muy difícil, pero uno podría establecer un límite de gasto respecto de las personas. Existe un límite de aportes personales respecto de las candidaturas y también existe la prohibición de aporte de las personas jurídicas. Ahí hay una serie de normas que se podrían considerar en un eventual ajuste en esta manera", añade Santamaría.

"Estamos evaluando vacíos y soluciones posibles", dicen en el Palacio de Gobierno, aunque aseguran que los temas pendientes son acotados.

Así como no está regulado el aporte económico a la campaña del plebiscito, también hay un zona gris respecto de la propaganda. Por eso el Servel está solicitando a las municipalidades que les entreguen el mapeo de lugares públicos donde se pueda instalar publicidad. La idea es asignar esos espacios públicos a las distintas opciones que tiene el plebiscito.

El problema es que la fiscalización de ese proceso es compleja porque el Servel solo tiene espacio para fiscalizar la propaganda de los partidos. Y en la práctica, se prevé que la mayor presencia será de organizaciones sociales.

Por lo anterior, en el Servel miran con interés la fórmula propuesta por el Consejo Nacional de Televisión que estudia inscribir a organizaciones sociales que quieran tener presencia en la franja electoral.

Marcelo Díaz (PS), integrante de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, apunta a la urgencia de que el gobierno llegue a una propuesta: "Lo lógico para un proceso democrático de esta magnitud es que las reglas sean claras y transparentes para todos. Lo que no puede ocurrir es que irregularidades u opacidades ligadas a las campañas o su financiamiento terminen empañando este momento histórico. Desde nuestro sector estamos disponibles para avanzar hacia una regulación que permita dar garantías para todos".