Caval: juicio contra Compagnon y Valero contará con 75 testigos y 432 documentos

Autor: Paola Moreno

Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, juntos a sus abogados, el 28 de marzo en Rancagua. Foto. Aton

Este viernes, el Juzgado de Garantía rechazó sobreseer a la nuera de la expresidenta Bachelet por cuatro delitos, entre estos negociación incompatible y violación de secreto.


El caso Caval se acerca a su fin. Este viernes, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, se decidieron los testigos y las evidencias que se rendirán en el juicio oral que se llevará a cabo contra los exdueños de la empresa, Mauricio Valero y la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

De esta forma, se estableció que un total de 562 pruebas serán presentadas, entre las que se encuentran 75 testigos, 11 peritos, 432 documentos y otros 44 medios de prueba.

El caso se inició hace más de tres años, cuando se conoció el negocio de compra y venta de tres terrenos que realizó la empresa Caval en la Región de O’Higgins. El Ministerio Público encabezó las indagatorias para determinar si es que hubo algún delito en este proceso, ya que uno de los atractivos de la transacción era que los terrenos pasarían de tener uso rural a urbano, lo que aumentaría significativamente su valor.

Finalizada la indagatoria, solo tres de los 13 acusados originales irán a juicio oral. Además de Valero y Compagnon, también se llevará a estrado a Caval como persona jurídica. Los otros 10 imputados acordaron con la fiscalía salidas alternativas o procedimientos abreviados.

Durante el proceso de la preparación de juicio oral, quedaron excluidos 54 testigos que había presentado el Ministerio Público. Entre estos se encuentran los que iban a explicar cómo Caval obtuvo el préstamo en el Banco de Chile por $ 6.500 millones, dinero que le permitió adquirir los terrenos en Machalí. Así, fueron fuera el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic; el presidente del directorio, Pablo Granifo, y el gerente general, Eduardo Ebensperger.

También se excluyeron a otros testigos emblemáticos, entre ellos el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos; la exjefa de gabinete de La Moneda, Ana Lya Uriarte, y el actual ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, quien cuando era diputado RN en 2015 se convirtió en el primer querellante del caso. También quedaron fuera de la lista el exdiputado Rojo Edwards y el empresario Gonzalo Vial.

Escenario para Compagnon

Natalia Compagnon será juzgada por presuntos delitos tributarios y se le pide una pena de cuatro años. Para afirmar esta acusación, el Ministerio Público presentará una serie de declaraciones de impuestos de la empresa Caval, así como testimonios de los peritos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por este mismo delito Valero fue condenado el 11 de abril en un procedimiento abreviado. La sentencia se conocerá el próximo 24 de abril, a las 16.00.

Según la fiscal del caso, Marcia Allendes, este hecho es un precedente para una eventual condena contra Natalia Compagnon.

En ese contexto, remarcó: “Lo que pasa es que la figura por la cual ella fue acusada tiene que ver claramente con la representación que tiene en la empresa Caval, que es la misma que tenía el señor Valero. Por ende, si este fue condenado, entiende el Ministerio Público que ella, con los mismos antecedentes, debería ser condenada también”.

El socio de Compagnon, en tanto, irá a juicio por el delito de soborno y arriesga cuatro años de pena. Lo mismo se aplica para la empresa, para lo cual se está solicitando una multa de 20.000 UTM. Las pruebas que la fiscalía presentará en esta arista son los correos electrónicos y transferencias electrónicas, las que estarían relacionadas a las tratativas para intentar cambiar el plan regulador de Machalí.

Petición de sobresimiento

El juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, rechazó sobreseer a Compagnon por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información privilegiada.

El abogado de la nuera de la expresidenta, Antonio Garafulic, dijo que recurrirá a la Corte de Apelaciones. Esto, porque “encontramos que la investigación se encontraba agotada (cuando se le tomó declaración) y que no había indicio alguno para acreditar la existencia de los delitos ni la participación que se le atribuía”.

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