Irrupción de ex fiscal en defensa de Carabineros por pruebas falsas impacta al Ministerio Público

Autor: Leslie Ayala

La abogada Marisa Navarrete asumió la representación de los oficiales de Inteligencia con calidad de imputados por manipulación de pruebas en Operación Huracán en dos casos que son investigados por compañeros de trabajo de su pareja, el fiscal regional Emiliano Arias.


En una situación “complicada” al interior del Ministerio Público se transformó, dicen fuentes de la institución, la irrupción de la abogada Marisa Navarrete en la defensa de los oficiales de Inteligencia de Carabineros que actualmente tienen calidad de imputados en la causa por presunta manipulación de pruebas en la Operación Huracán.

En primer lugar la abogada es ex fiscal del Ministerio Público por lo que generó ruido el que alguien que fue parte de la institución ingrese a patrocinar la defensa en uno de los casos más graves que se ha registrado en la historia de la Reforma Procesal Penal y que hoy enfrenta a la Fiscalía acusando a personal policial de falsear pruebas en una causa de violencia rural en La Araucanía.

Navarrete ha cultivado un perfil mediático desde su salida de la Fiscalía y su breve paso por el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución de la que se fue denunciando un supuesto intento de funcionarios de esa repartición por tapar el “Fraude al FUT” que luego derivó en la investigación por platas políticas denominada caso Penta.

Junto a esto, la profesional ha liderado una “batalla”, en redes sociales y como comentarista en paneles televisivos, cuestionando las decisiones adoptadas por la Fiscalía en casos políticos. Es así como tildó de “impunidad” la decisión de suspensión condicional que adoptó la Fiscalía Oriente en el caso Penta respecto del senador Iván Moreira.

Pero el punto que más incomoda a miembros de la institución fue el anuncio que hizo esta mañana en T13 radio. Navarrete dijo que solicitará que el fiscal nacional Jorge Abbott saque del caso al fiscal regional de La Araucanía Cristián Paredes. “Hoy día estamos ingresando una solicitud al fiscal nacional, quien ha señalado en todas instancias que va a velar por el principio de objetividad en los fiscales, y le vamos a pedir que asigne a un fiscal que dé garantías en la objetividad dela investigación”, dijo la abogada a la emisora.

Lo cierto es que, independiente de los argumentos jurídicos que vaya a plantear en el escrito, al interior del Ministerio Público su irrupción es leída como “una vuelta de mano” a Paredes quien fue el que encabezó el sumario que afectó el año pasado a su pareja, el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias.

En efecto, el fiscal regional de La Araucanía fue quien tras investigarlo disciplinariamente concluyó que Arias había cometido faltas internas al realizar declaraciones que anticiparon juicio en investigaciones que lideraba sobre las responsabilidades penales de los incendios forestales que afectaron el verano de 2017 a varias regiones en el país.

El factor Arias-Abbott

Con todo, Navarrete es quien además ha asumido la defensa de Arias en el sumario y en dos inéditos recursos de protección dónde por primera vez un fiscal regional –hombre de confianza del fiscal nacional- recurría ante la justicia en contra de su jefe, en este caso Jorge Abbott, inmiscuyendo al Poder Judicial en un lío en el que resultó vencedor la máxima autoridad del Ministerio Público luego que la Corte Suprema rechazara la acción constitucional.

Es más. Navarrete ha planteado que tras agotar instancias judiciales internas estudiaba una denuncia internacional por el caso de Arias dónde s su juicio el fiscal nacional era juez y parte en la indagatoria disciplinaria en que resultó sancionado el jefe de Rancagua tras el sumario encabezado por Paredes.

Otra situación que incomoda al interior de la Fiscalía es que para los primeros días de marzo se evalúa realizar un consejo nacional en que participa el cuerpo colegiado de fiscales regionales junto a Abbott y dónde será materia institucional la situación que ha generado una crisis de confianza con personal policial de Inteligencia y el ente perseguidor penal.

Pese a que Arias se ha excusado de los últimos encuentros, debido a su mala relación con el fiscal nacional tras los sumarios, sí ha enviado a fiscales de confianza de su zona, por lo que algunos plantean que al menos cuando se traten temas del caso el representante de O’Higgins deberá inhabilitarse de conocer mayores antecedentes en el consejo teniendo en cuenta la cercanía con la defensa de Carabineros.

En el caso de Arias es conocida su cercanía en el trabajo con Carabineros. Casi todas sus investigaciones las realiza con esa institución y no con la Policía de Investigaciones (PDI). El 17 de octubre de 2012, también en un hecho inédito en la reforma, el entonces fiscal de Pudahuel allanó con personal del OS-9 de Carabineros dos cuarteles de la PDI en el marco de una investigación por corrupción en contra de funcionarios de la Brigada de Investigaciones Criminales de la PDI que luego terminó en condena. La situación es recordada hasta el día de hoy por los detectives de distintas unidades.

Reacciones

El secretario de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) Claudio Uribe dijo que hay que separar las aguas. “Uno tiene que ver con el rol y el derecho que ella tiene legítimamente como abogada de tomar libremente las causas que ella quiera, y también separar su vínculo con el fiscal Arias”, dijo.

Acto seguido sostuvo que “eso no obsta que a mí personalmente, en mi calidad de dirigente, me incomoda ver a una persona que hasta hace poco defendía a su pareja, un fiscal y que incluso fue fiscal del Ministerio Público ser parte de la defensa de imputados de tan grave acusación, pero bueno eso se irá viendo con el tiempo lo que ahí pasa”.

Para el jurista Miguel Cháves el tema es claro: “ella no tiene ninguna limitación para ejercer su profesión, no tiene conflicto de interés, entiendo que estas materias serán objeto de discusión o conocidas sólo por un grupo de personas reducidas al interior del Ministerio Público, el fiscal a cargo, el fiscal nacional y asesores y en ellos no está el fiscal regional de Ohiggins y si lo estuviera estoy seguro que se inhabilitaría”.

El abogado penalista Francisco Cox explica que “Arias deberá inhabilitarse en aquellas reuniones dónde en su calidad de fiscal regional pueda conocer de hechos que sean materia de la investigación en que Navarrete tiene representación, y no acceder a dicha información, pero ella tiene derecho a ejercer su trabajo”. Agregó que “lo que se debe implementar en el Ministerio Público es un mecanismo de no traspaso de información, ni que Arias tenga poder de decisión sobre el caso, adoptándose esos mecanismos no veo problema en que la abogada asuma la defensa”.

Para Matías Künsemüller, también penalista, la situación de Arias es incómoda. “Para Arias todo esto debe ser muy incómodo, viene saliendo el fallo de la Suprema dónde se le pega un raspacacho importante, incluso lo critica respecto de la publicidad de la causa por la que fue sancionado, pero respecto de ella es distinto porque tiene derecho a hacer su trabajo y así es el ejercicio libre de la profesión, acá la posición incómoda es la de la pareja, que además parece estar incómodo desde hace tiempo en el Ministerio Público”.

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