Operación Huracán: Juez concluye que no hay pruebas contra imputados y los sobresee del caso

Las desavenencias que han mantenido el Ministerio Público con el gobierno por el futuro de la llamada Operación Huracán, que comenzaron cuando el Ejecutivo anunció que se opondría a la decisión de no perseverar de la Fiscalía y que escalaron cuando el ente persecutor se negó a las diligencias que a última hora solicitó la Subsecretaría de Interior, tuvieron ayer su jornada más candente.

El escenario fue el Juzgado de Garantía de Temuco, donde el gobierno buscaba que la investigación siguiera su curso. En esta instancia, el abogado del Ejecutivo, Matías Moya, responsabilizó al Ministerio Público de mantener piezas reservadas que les hicieron imposible actuar de manera activa en la indagatoria, mientras que el fiscal Felipe González acusó al Ejecutivo de mostrar nulo interés por el caso, al punto que no solicitó copia de los antecedentes de la investigación en los cuatro meses que duró.

El día terminó con una derrota por partida doble para el gobierno. Primero, el juez Federico Gutiérrez acogió lo solicitado por la fiscalía y determinó el cierre del caso bajo la figura de no perseverar. Horas después, el magistrado hizo lo mismo con lo que pedían las defensas de los ocho imputados en esta causa y dictaminó su sobreseimiento definitivo. Esto impide que sean indagados nuevamente por los atentados.

La jornada comenzó cerca de las 9.00, ocasión en que el fiscal González dio cuenta de lo ocurrido con la Operación Huracán. Indicó que el caso nació en septiembre, luego de que Carabineros entregara al Ministerio Público el Informe de Inteligencia Nº 130, el cual daba cuenta de una presunta organización criminal que estaría detrás de los atentados incendiarios ocurridos en La Araucanía. Entre estas personas, se encontraba el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Las pruebas se basaban en interceptaciones de diálogos realizados a través de los servicios de mensajería de los teléfonos celulares. Sin embargo, cuando la fiscalía quiso verificar que estas conversaciones efectivamente se encontraban alojadas en los dispositivos de los detenidos, comenzaron los problemas. Un informe elaborado por peritos de la Fiscalía Nacional determinó que existían presuntas irregularidades en estos mensajes, pues el formato en que se hallaban no coincidía con los de WhasApp y Telegram, y había indicio de que pudieron haber sido introducidos a los dispositivos de manera posterior a la incautación.

Esto dio origen a una nueva causa, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, y que tiene el foco puesto en personal de Carabineros. Esta misma razón, argumentó González, es la que hace inviable continuar con la investigación penal contra los imputados.

Matías Moya se mostró contrario a esta decisión de la Fiscalía e indicó que "todos los antecedentes que daban cuenta de la existencia de filtraciones y contradicciones fueron mantenidos en absoluto secreto hasta el cierre de la investigación, se nos privó la información y se nos impidió ejercer nuestro derecho a pedir diligencias".

Moya dijo, además, que la Fiscalía "no está cumpliendo con el principio de objetividad", además de cuestionar las capacidades del perito del Ministerio Público que realizó los análisis a los teléfonos celulares.

En este sentido, el abogado de Interior solicitó que la causa continuara abierta por otros 90 días y que se esperara la respuesta de las empresas Yahoo, Microsoft y Google sobre las cuentas de los imputados. También pidió que se ordenara un nuevo peritaje para verificar la información contenida en los teléfonos celulares.

Ante esto, González replicó que "es curioso que el querellante hoy muestre interés, después de que está cerrada la investigación", y añadió: "¿cómo vamos a continuar, si la evidencia se encuentra contaminada?". Como en pocas ocasiones, los abogados defensores se cuadraron con la Fiscalía e incluso Rodrigo Román, quien representa a Héctor Llaitul, indicó que el debate se transformó en "un triste espectáculo del gobierno con el Ministerio Público, peleándose entre ellos".

Para finalizar la discusión, el fiscal indicó que si bien el gobierno era querellante por la quema de 18 camiones en la localidad de Calafquén, atentado ocurrido en agosto pasado, separaría esta causa de "Huracán", para que continuara siendo investigada. Eso sí, advirtió, las pesquisas las continuaría con la PDI y ya no más con Carabineros.

Al finalizar la discusión, el juez Gutiérrez determinó que lo que correspondía era la decisión de la Fiscalía de no perseverar, pues lo que el gobierno estaba buscando era "una investigación a la investigación", y no aclarar los hechos en sí.

Durante la tarde, fue la ocasión de analizar la petición de las defensas. Estas buscaban que se dictara el sobreseimiento definitivo, argumentando que no existían antecedentes serios contra sus representados por presunta asociación ilícita terrorista. En estos alegatos, dieron a conocer parte de la información recabada por la fiscalía en la indagatoria contra Carabineros (ver secundaria), que refuerzan la tesis de que las pruebas cuentan con una serie de irregularidades.

Finalmente, el juez Gutiérrez determinó que "no existían ni existen al día de hoy pruebas que vinculen a los imputados en calidad alguna" con los delitos imputados. El magistrado añadió que consideró que la decisión de fiscalía de no perseverar "puede ser un remedio procesal suficiente, pero constituye un estigma innecesario en los imputados" quienes, según indicó, "se han visto afectados ilegítimamente en su honra".

El fiscal Roberto Garrido señaló que "vamos a presentar el recurso de apelación correspondiente. Ahora hay que analizar lo que ocurre con las demás aristas y se tomaran las decisiones que correspondan, en las instancias pertinentes y una vez que se reúnan todos los antecedentes". Es por esto que será la Corte de Apelaciones la que decidirá si se mantiene el sobreseimiento.

También el querellante, en este caso el gobierno, podría apelar de la decisión. En un comunicado, el Ministerio de Interior indicó que "el gobierno adoptará con prontitud las decisiones procesales y administrativas que esta nueva situación amerita".

En tanto, Héctor Llaitul dijo que "siempre estuvimos confiados en una resolución de este tipo. Queremos enviar un saludo a nuestro Pueblo y de alguna manera, también a la sociedad chilena, que acompaño y entendió este proceso". Añadió que "quedó establecido un montaje, en contra del Pueblo Nación Mapuche, lo dijimos desde un primer momento".

Por su parte, Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de la CAM, indicó que "como organización seguiremos comprometidos en la lucha por nuestro pueblo".