¿Por qué los detractores consideran un “retroceso” volver a la pena de muerte en Chile?

Foto: Aton.

Tras el caso de Sophia, se abrió el debate sobre una eventual reposición de la pena capital, la que fue abolida en 2001. Conoce qué opinan quienes están en contra de reponerla.


En enero, Chile sufrió el impacto de lo que sería uno de los crímenes más macabros en lo que va de 2018: Sophia, quien fuera una niña de 1 año 11 meses que vivía en la localidad del Alerce, en Puerto Montt, fue asesinada.

El 25 de enero, la madre de Sophia llegó con la menor hasta el Sapu de la región, señalando que la niña se había golpeado y desmayado. Pero los resultados médicos alertaron de una realidad mucho más aterradora. 

Sophia fue brutalmente violentada de manera sexual. Su cuerpo no resistió los golpes, el peso y la fuerza. Falleció esa misma tarde producto de contusiones, quemaduras y lesiones causadas por el único imputado hasta el momento: su progenitor, Francisco Ríos Ríos. 

Debido a estos antecedentes, la Fiscalía Regional le imputó a Ríos los delitos de parricidio y violencia intrafamiliar, decretando prisión preventiva por cinco meses como medida cautelar.

Para la ciudadanía, la decisión no es suficiente. A tal punto que con fuerza exige la creación de la llamada “Ley Sophia”, iniciativa que busca endurecer las penas para este tipo de delitos, incluso exigiendo la pena de muerte. 

Sin embargo, el debate que dejó sobre la mesa la muerte de la pequeña Sophia va más allá de cualquier simple trámite. ¿Es posible aplicar la pena de muerte en Chile como resolución para un delito de carácter sexual? o, lo que llama más la atención ¿Es posible volver a la pena de muerte en el país?

El caso de Sophia, la lactante brutalmente asesinada que causa indignación en Puerto Montt

Pena de muerte: panorama general

La pena de muerte puede entenderse como la resolución que toma un Estado de decretar el deceso del imputado frente a ciertos delitos estipulados por cada país. 

Según datos de Amnistía Internacional, entidad que pretende impedir la ejecución de presos mediante la pena de muerte, en 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en 23 países. En 2015, el organismo registró 1.634 ejecuciones en 25 países del mundo: un máximo histórico que no se había alcanzado desde 1989.

Un total de 141 países de todo el mundo —más de dos terceras partes— son abolicionistas en la ley o en la práctica. Esto significa que retienen la pena de muerte en la legislación, pero llevan, al menos, 10 años sin aplicarla.

En 2016, dos países —Benín y Nauru— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos. En 2017, Mongolia hizo efectiva su abolición. En total, 105 países la han abolido.

En América, y por octavo año consecutivo, en 2016 Estados Unidos fue el único país en llevar a cabo ejecuciones dando muerte a 20 personas, cifra que se posiciona como la más baja registrada en un solo año desde 1991. Además, el número de condenas en ese país también se redujo, pasando de 52 en 2015 a 32 en 2016.

Otros tres países de América –Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago- impusieron la pena de muerte en 2016, mientras que dos países del Caribe –Antigua y Barbuda y Bahamas– sustituyeron la condena.

Foto: Amnistía Internacional.
Foto: Amnistía Internacional.

La pena capital en Chile

A lo largo de la historia de Chile independiente, se conocen 58 casos de fusilados por pena de muerte. El primero, quien fuera acusado de robo con homicidio, enfrentó al pelotón de fusilamiento el 3 de febrero de 1890.

Uno de los casos más polémicos fue el de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, campesino que sería reconocido por el alias de “el Chacal de Nahueltoro”, quien asesinó a su pareja, Rosa Rivas, y a los cinco hijos de esta, debido a los problemas de alcoholismo que sufría Valenzuela.

Chacal de Nahueltoro. Foto: Museo de la Memoria y Derechos Humanos.
Chacal de Nahueltoro. Foto: Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

Y la polémica de su caso se debe, esencialmente, a la paradoja que supuso el cambio que experimentó el campesino durante la reclusión de tres años en la cárcel, manifestado en aprender a leer y escribir y fabricar guitarras, mientras se acercaba a la religión católica. Además, él mismo argumentó que en el momento en que ocurrió el hecho, no contaba con las herramientas para tomar conciencia sobre lo que hizo. Fue fusilado el 30 de abril de 1963.

Durante la madrugada del 29 de enero de 1985, en la cárcel de Quillota, Carlos Alberto Topp Collins y Jorge José Sagredo Pizarro, los ex carabineros apodados como los “Sicópatas de Viña del Mar”, fueron los últimos en recibir la pena de muerte, tras ser condenados por una decena de homicidios y violaciones.

Psicópatas de Viña del Mar. Foto: sicopatasdevina.cl
Psicópatas de Viña del Mar. Foto: sicopatasdevina.cl

Así, en 2001, Chile se convirtió en el país número 109 en abolir la pena de muerte para delitos comunes, después de que se aprobara la Ley Nº 19.734, que reemplaza el castigo de pena capital por presidio perpetuo efectivo por 40 años como sanción máxima para los imputados por el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y la Justicia Militar. Esta última -Justicia Militar- aún mantiene la condena de muerte pero solo en casos de crímenes de guerra.

La reincorporación de la pena de muerte pareciera ser la única solución que ve parte de la sociedad para evitar que delitos de esta magnitud y características sigan ocurriendo. Pero, en un estudio elaborado por Amnistía Internacional titulado “Así no hay mayor seguridad”, se afirma que no existen datos que puedan respaldar la pena de muerte como método de prevención de la delincuencia y como la forma más efectiva de castigo.

Proponen endurecer el presidio perpetuo

El debate

El abogado penalista de la Universidad de Chile, Miguel Soto, avaló los estudios. “Si uno considera que la función de dicha condena es disuadir a los potenciales delincuentes, está comprobado que la reimplantación de la pena de muerte no tiene eficacia disuasiva. Antes y después de la implantación de este castigo, los índices de criminalidad de los delitos a los que se les asigna dicha pena permanecen relativamente iguales”.

En relación a la aplicación de la condena en delitos militares, el especialista explicó que esto no es un argumento para que pueda ser, nuevamente, implementada en Chile, ya que “la abolición debe considerarse delito por delito”.

Por su parte, José Ignacio Escobar, abogado, profesor de la PUC y presidente de Libertades Públicas, fue enfático en aseverar que “no es aceptable que la sociedad responda con la pena de muerte como sanción”. Además, comentó que Chile está suscrito a diversos tratados internacionales que no aceptan este tipo de condenas, tales como el Pacto de San José, firmado en Costa Rica.

Escobar también calificó como un “retroceso” la posibilidad de reimplementar la pena de muerte: “Chile ha entendido que, en la pena de muerte, no hay pie atrás. La abolición tiene que ver con un avance, con un desarrollo”.

Para el abogado, la condena de presidio perpetuo calificado es la sanción más alta del sistema y, por lo tanto, “no se pueden endurecer más”.

Ayer además los diputados de la UDI Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvares Salamanta y Sergio Bobadilla, solicitaron al presidente electo, Sebastián Piñera realizar un plebiscito para restablecer la pena de muerte para delitos graves.

Petición de la cual se desmarcó el secretario general del partido, Pablo Terrazas, quien esta mañana aseguró que “Chile Vamos ha fijado su posición de no querer volver a esa sanción. Por eso no se contempla en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.

 

 

 

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