Ministro Campos defiende gestión del gobierno ante informe sobre precariedad carcelaria

Autor: C.Batarce

AgenciaUno

El titular de Justicia aseguró que se han hecho cargo de las falencias que evidenció el día de ayer la Corte Suprema, pero que estas no han sido resultas debido a que la Contraloría no ha tomado razón de nuevo reglamento.


Este martes el gobierno decidió hacer frente a las falencias que evidenció el  informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, respecto de los principales problemas detectados en complejos penitenciarios del país.

Ante los medio, el ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió la gestión que ha desarrollado la actual administración, asegurando que se elaboró un nuevo reglamento, pero que este no ha entrado en vigencia ya que la Contraloría no ha tomado razón del decreto que lo establece.

“Valoramos la información que nos proporciona la Fiscalía Judicial sobre la materia, por supuesto que no podemos dudar ni controvertir lo contenido, pero la verdad es que no nos sorprende para nada el contenido del mismo, es lo mismo que han venido planteando hace 15 años (…) Lo que sí nos llama la atención, y es lo que queríamos connotar, es que hay dos hechos que no han sido informados adecuadamente y que guardan directa relación con la materia”, dijo el secretario de estado.

Así, sostuvo que con fecha 27 de abril de 2017, “nosotros firmamos el decreto supremo que establece el nuevo reglamento penitenciario. Un conjunto de normas al que deben someterse los establecimientos y que regula las actuaciones de los condenados, incorporando la variable del respeto a los Derechos Humanos”.

En ese sentido, explicó que “la inmensa mayoría de las observación o reparas planteados por la Corte están resueltas, recogidas o contenidas en este decreto que debió haber entrado el vigencia el 1 de diciembre de 2017, pero que aún no entra por que la Contraloría no ha tomado razón del mismo. Este Ministerio ha cumplido cabalmente en lo que nos correspondía”.

De la misma forma, detalló que desde que fue nombrado ministro, han trabajado “silenciosamente” junto a todos los actores involucrados, en la elaboración de una política nacional e integral en el ámbito de la reinserción social de quienes han sido condenados, por lo que cuestiona el hecho de que ahora se proponga crear un grupo de “alto nivel” para tratar el asunto. “Parece que queremos descubrir la pólvora o la rueda nuevamente”, comentó.

Según hizo presente Campos, el mencionado decreto se firmó el 27 de abril de 2017, ingresó a la Contraloría el 9 de mayo y reingresó el 10 de noviembre.

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