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Operación Huracán: Fiscalía dice que informes de Carabineros “son falsos”, pide sobreseer a fiscal y abogada y alista imputación a general Blu

El fiscal Carlos Palma, quien indaga la supuesta implantación y falsificación de pruebas en Huracán.

El fiscal regional Carlos Palma pidió al Juzgado de Garantía de Temuco que cite a audiencia tras establecer en base a varios peritajes que todos los reportes de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UOIE) fueron inventados.



“Todos los hechos presuntamente delictivos expuestos en los oficios Nº 202 y 210 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros NO EXISTIERON” (sic).

Con mayúscula y subrayado. Así el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, definió en un escrito ingresado hoy ante el Juzgado de Garantía de Temuco la falsedad en las pruebas que personal de Carabineros de Chile habría fabricado y cuya inexistencia se ha logrado establecer mediante pericias realizadas en las aristas por supuesta manipulación de pruebas tras el vuelco en la causa “Operación Huracán” denunciada por la Fiscalía Regional de La Araucanía el 25 de enero pasado.

En una primera etapa en camino a la denominada “verdad judicial” -que pidió el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y que apoyó el Gobierno- hoy el Ministerio Público concretó en los tribunales de Temuco la solicitud de la primera acción judicial en la antesala de la petición de formalizaciones con la que se perseguirá la responsabilidad penal de los autores de uno de los hechos más graves de la Reforma Procesal Penal.

Esto pues el jefe regional de Aysén -en un escrito de sobreseimiento- revela que todas las diligencias desarrolladas, secretas hasta hoy, concluyen que los reportes de Inteligencia de Carabineros son falsos tanto en la indagatoria principal del vuelco de Operación Huracán como en la arista pos supuesta filtración de información a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la ANI.

El fiscal pidió hoy, según fuentes judiciales, sobreseer a la abogada de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Mónica Palma, y al jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo, luego de establecer que lo denunciado por el general de Carabineros, Gonzalo Blu, es totalmente falso.

El 11 de diciembre del año pasado el alto oficial de Carabineros liberó ante el fiscal nacional Jorge Abbott información de una supuesta filtración de información a la CAM que habría hecho la mujer quien trabaja en la Fiscalía de la Araucanía, con el supuesto encubrimiento de su jefe, respecto a adelantar información de las detenciones de Operación Huracán. “Todo es falso” estableció la investigación que desacredita los supuestos informes que hizo el “profesor” Álex Smith con su software Antorcha y el personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UOIE) de Temuco.

Esta era la segunda liberación que hacía Carabineros, por esa época, por supuestas operaciones de Inteligencia utilizando el software del civil contratado para labores de Inteligencia. La primera fue el informe 130 entregado el 26 de septiembre de ese año que motivó que la Fiscalía de la Araucanía pidiera la formalización de ocho comuneros imputados en lo que Carabineros denominó “Operación Huracán”, evidencia que el organismo persecutor ha adquirido convicción de que fue inventada y que sirvió para mantener presos a supuestos autores de ataques incendiarios en La Araucanía. Entre ellos al líder de la CAM Héctor Llaitul.

A diferencia de los comuneros, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de Palma y Arroyo basándose en la causal de inexistencia del delito (nunca existió violación de secreto ni obstrucción a la investigación) por parte de los miembros del Ministerio Público, y por ende no existe participación. Ahora con estos nuevos peritajes y antecedentes, las defensas de los imputados en Operación Huracán podrán pedir de nuevo su sobreseimiento que fue rechazado hace algunos días por la Corte de Temuco.

El paso siguiente y casi inmediato, a la petición de sobreseimientos, será la solicitud de formalización a los responsables como autores y encubridores de estos documentos de inteligencia falsificados y que llevaron al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, a dictar medidas intrusivas en el marco de la Ley de Inteligencia.

La imputación estaría dirigida a Álex Smith, personal del Labocar y oficiales de Inteligencia entre quienes se encontraría el general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu, quien aparece firmando cada uno de los reportes supuestamente “falsos”, cuya fabricación e implantación de mensajes la Fiscalía buscará acreditar ante tribunales. Sería la primera vez que se formaliza a un alto oficial de la policía uniformada en ejercicio pues hasta el día de hoy el aludido general está activo.

De lo que ha logrado acreditar hasta el momento la investigación penal dirigida por el fiscal regional de Aysén es que no sólo se implantó prueba en los celulares de los comuneros, formalizados por Operación Huracán, que en un principio se pensó podían ser textos que se ingresaban a chats que sí pudieran existir al interior de los aparatos. Sino que el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que absolutamente todos los textos fueron inoculados en los dispositivos que se incautaron a los comuneros, por ende, los reportes de Inteligencia de Blu en su totalidad habrían sido inventados por personal policial.

Ningún mensaje fue encontrado

En varias partes del escrito del fiscal Carlos Palma se repiten las conclusiones a las que llegaron peritajes internos de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional y los de la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a la acusación que hizo el general de Inteligencia Gonzalo Blu el 11 de diciembre pasado cuando “liberó” ante el fiscal nacional Jorge Abbott información recabada por Antocha contra los miembros del Ministerio Público.

“Todos los antecedentes expuestos en los oficios liberados en el oficio N° 202 y 210 de la UIOE son falsos”, dice el escrito que pide agendar audiencia lo que será resuelto en las próximas horas por el tribunal de garantía.

Entre las pruebas con las que cuenta el fiscal Palma, y detalla el escrito, está las pericias a los celulares del trabajo y personales, además de computadores que fueron incautados por el jefe regional el 26 de diciembre de 2017 al fiscal Luis Arroyo y su abogada asistente Mónica Palma tras la denuncia del general Blu.

Dos pericias distintas, una de un ingeniero de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizados de la Fiscalía Nacional (ULDDECO) y otra de la Policía de Investigaciones (PDI) tras extraer la información de los dispositivos electrónicos de Arroyo y Pama no sólo no hallaron los supuestos chats que había interceptado entre ellos Antorcha, ni tampoco el mensaje dónde supuestamente Palma enviaba a un miembro de la CAM información de la causa Operación Huracán. En dichos celulares y computadores no había nada al respecto.

Las pericias concluyen que “se extrajeron los archivos, los que fueron ordenados y almacenados en carpetas separadas y acompañados con sus respectivos reportes. Analizados los archivos, el Informe Policial señala que no se obtuvieron los archivos a los que hace referencia el Oficio Secreto N° 202, de fecha 11 de diciembre de 2017 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, de Carabineros de Chile”.

Además la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) solicitó a las compañías telefónicas el tráfico de llamada de la abogada Mónica Palma quien no tuvo ningún contacto telefónico con alguno de los imputados del caso.

De las escuchas telefónicas de la profesional con su jefe, en poder del reporte de Inteligencia, también se descartó el tenor entre ambos de la denuncia que hace Carabineros y junto con no encontrar supuestos mensajes que revelarían una relación entre ambos, la PDI en un segundo informe allegado hace unos días a la causa dice que además no existe registro de información borrada.

No hay textos borrados

Con un programa especial la PDI puede lograr que aun borrándose mensajería esta pueda ser rescatada, en el caso concreto ni Arroyo ni Palma lo habrían hecho.

La pericia concluye lo siguiente: “El resultado de las pericias antes señaladas dan cuenta que ninguno de los dispositivos electrónicos propiedad de los imputados, esto es, los tres teléfonos móviles, el computador fiscal y el computador personal del fiscal Arroyo Palma, ni el computador fiscal ni el teléfono móvil de la abogada Palma Martínez contenían la información, conversaciones, imágenes y contactos que señalan los oficios N° 202 y N° 210, especies que fueron todas incautadas el día 26 de diciembre de 2017 directamente en dependencias de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, y que los archivos tampoco fueron borrados de dichos dispositivos. Es decir, jamás existieron en los aparatos incautados, específicamente, jamás existieron en los teléfonos móviles que el propio Oficio Reservado Nº 202 dice que estaban interceptados”.

Es más, el informe de Inteligencia que libera el general Blu y respecto al cual el oficial (R) de Carabineros Leonardo Osses habló esta semana en audiencia señala que lograron establecer que quien supuestamente filtraba era una persona de la Fiscalía porque la foto que enviaba –capturada por Antorcha- (supuestamente con la lista de a quienes se iba a detener) era una persona de la Fiscalía. Y que tras detectar una foto georeferenciaron que se envió desde la Fiscalía.

Lo cierto es que el día en que Mónica Palma supuestamente habría alertado de las detenciones a un investigado, personal de la BIPE tras revisar cámaras logró establecer que la aludida abogada ese día, 16 de septiembre, estuvo todo el día en un juicio oral en los tribunales de Temuco, lejos del edificio que alberga la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Asimismo, sobre supuestos chats entre ella y su jefe, el fiscal Luis Arroyo, en que coordinaban una junta, la PDI estableció que en la fecha de esos mensajes el investigador se encontraba fuera del país, en Italia. De las fotos que extrajo supuestamente “Antorcha” desde el teléfono de la profesional -que fueron extraídas con “Antorcha” supuestamente- y que muestran a la familia de su jefe, lla PDI estableció que son imágenes extraídas desde el Facebook abierto de la esposa del persecutor que fueron recortadas, además de fotos de él que pueden extraerse desde fuentes abiertas (google)

En las próximas horas el juez de despacho del Tribunal de Garantía de Temuco fijará audiencia para que los antecedentes expuestos en el escrito del fiscal Carlos Palma sean expuestos ante la justicia iniciándose así el camino a la verdad judicial.

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