PDI indaga proceso de selección de funcionarios para plan del Sename

Frontis del Ministerio de Justicia, en el centro de Santiago. Foto: Archivo

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, solicitó las diligencias del caso Ascar a la Bridec. El CDE indicó que “si procede”, Javiera Blanco se deberá inhabilitarse de la tramitación interna de la causa.


El destino de los fondos públicos entregados al Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar) del Ministerio de Justicia, entre 2013 y 2016, continúa bajo la lupa del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Esto, luego de que se advirtiera una serie de contrataciones eventualmente irregulares que podrían derivar en fraude al Fisco o realización de funciones públicas diferentes.

En este sentido, la Policía de Investigaciones (PDI) ya inició el rastreo de Ascar, luego que el fiscal Emilfork remitiera a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) una orden para investigar los posibles ilícitos a través de una serie de diligencias, entre las que destaca la indagatoria del proceso de selección de las 150 personas que prestaron servicios para el programa del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Esta inversión significó para el Estado más de $ 3.150 millones en contrataciones, las cuales han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), la fiscalía y el propio Ministerio de Justicia.

En tanto, el persecutor encargó a la policía civil detectar las formas cómo se contrató al personal, la calificación que tenía cada cual para el cargo y los perfiles de cada una de las personas que prestaron servicios para ejecutar Ascar.

Las posibles irregularidades se remontan al gobierno de la Nueva Mayoría, época en que la cartera de Justicia pasó por manos de Juan Antonio Gómez y Javiera Blanco, sucesivamente. Ambos, durante el segundo gobierno de Miche- lle Bachelet (2014-2018).

Desde la fiscalía se han solicitado al menos tres informes policiales destinados a esclarecer el hecho, mientras han declarado más de 100 personas involucradas en el caso. Entre ellos se encontrarían los exsubsecretarios de Justicia Juan Ignacio Piña, Marcelo Albornoz e Ignacio Suárez.

Además, a mediados del año pasado fue interrogada la exministra Blanco, así como exfuncionarios contratados por el programa Ascar, incluido el entonces jefe y hasta ahora único imputado, Javier Lagos. A ellos se suman el abogado Francisco Maldonado, la actriz Ana María Gazmuri y la exembajadora de Chile en Suiza María Carolina Rossetti. Esta última, cercana a Gómez y quien escribió un libro sobre la vida política del exministro.

Tras la salida de Rossetti de Ascar, donde se ausentó un periodo debido a una licencia médica, pasó a integrar el Ministerio de Defensa, nueva cartera liderada por el otrora senador radical.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename (Anfur), su presidente, Luis Cortez, enfatizó en que la falta de resultados de Ascar es un asunto que los trabajadores denunciaron hace años. “Los funcionarios hicimos las denuncias en su tiempo. Este tema nunca llegó a los centros. No digo que alguien se robó la plata, pero desconocemos en qué quedó el proyecto”, señaló.

Al respecto, advirtió que desde las residencia se supo sobre el inicio de este proyecto, pero niega que este o los recursos invertidos a través del mismo repercutieran en el día a día de los menores. “Nosotros vimos que hubo un proyecto Ascar, pero que haya sido una ayuda a los trabajadores o los menores, no ocurrió”, dijo.

El lunes, el Ministerio de Justicia anunció haber remitido los antecedentes de Ascar al CDE. Esto, en paralelo al sumario interno que desarrolla la secretaría de Estado luego del dictamen de la Contraloría que cuestionó el plan. Sin embargo, esa no era la primera vez que el consejo tenía novedades del programa. Según fuentes de la investigación, en diciembre el fiscal Emilfork remitió la carpeta investigativa a la institución encargada de velar por los fondos fiscales. Sumado a eso, hace dos semanas, según aseguraron las mismas fuentes consultadas, el persecutor remitió una actualización del expediente del caso.

La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, indicó a La Tercera que el organismo actuará en este caso “con la misma rigurosidad de siempre”. Y agregó que en la actualidad “se están estudiando antecedentes sobre la materia, que será tratada en su debido momento por el comité penal y el consejo pleno”.

La exministra Blanco se incorporó como consejera al CDE en febrero de 2017, luego de que abandonara el gobierno seis meses antes. Al estar involucrada en la causa, existe la probabilidad que se inhabilite de la discusión que se dé en el consejo pleno. Una situación que resalta Manaud: “La consejera Blanco se deberá inhabilitar si procede”, señaló.

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