Peritaje de adopciones irregulares identifica a 29 "captadoras" de niños

Fue una semana con decisiones relevantes en la investigación por presuntas adopciones irregulares, la que está a cargo del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Desde el miércoles pasado, el juez decidió abrir un nuevo proceso judicial y encargarle a la Brigada de Inteligencia de la PDI analizar el peritaje realizado a más de 300 documentos y 900 fichas que le fueron incautadas a mediados de 2017 a la asistente social, de 96 años, Telma Uribe. Ella es indagada en calidad de inculpada.

Según este registro, en total hubo 525 menores que fueron enviados al extranjero entre 1950 y 2001. En su gran mayoría hubo instituciones internacionales que participaron de este proceso, y el principal destino fue Estados Unidos.

La forma en que se lograba detectar a estos niños, de acuerdo al informe realizado por un perito del Poder Judicial, era a través de "captadoras", las que contactaban a madres vulnerables.

En los cuadernos incautados, que ahora son revisados por la PDI, hay apuntes que dan cuenta de que hubo algunos casos de lactantes que habían estado internados en Conin (Corporación para la Nutrición Infantil), donde era tratada su desnutrición severa. Esas personas realizaban los contactos con las madres en hospitales y hogares.

La forma de acercarse, de acuerdo a lo que señala el peritaje, era a través de un incentivo económico. Como por ejemplo, dice el documento, la sustitución de un mes de sueldo, compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, ayuda en dinero, cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica.

Este peritaje revela un listado de 29 "captadoras" (así lo define el documento), de las cuales algunas están identificadas y de otras sólo se da un nombre de pila o la institución a la que estaban vinculadas.

"Si bien en la gran mayoría de los informes se da cuenta de que el matrimonio, o mujer soltera solicitante, conoció el caso del niño o niños que desean acoger a través de amigos o conocidos en Chile, lo cierto es que el proceso no era así, sino que los menores en el país eran 'captados' por personas, quienes percibían un pago por dicha gestión y eran asignados directamente por la señora Uribe o por la directora de la agencia norteamericana que correspondiera", indica el informe al que accedió La Tercera.

La perito agregó en el análisis que está en manos del juez que "también existen otros casos en los cuales se entiende que habría una derivación profesional, en contexto de atención psicosocial de una familia o mujer en conflicto con la maternidad. Además, se puede hacer presente que la señora Uribe mantenía contacto con la Radio Colo Colo, quienes al aire entregaban la información respecto de su gestión y dirección de su oficina".

Luego, en el documento se dan las identidades, pero indican que de los más de 500 casos, no hay información para determinar las personas vinculadas a las adopciones de 375 niños.

En primer lugar está Esmeralda Quezada, que es asistente social, y está ligada a la entrega de 46 menores. Ella negó haber realizado un acto ilícito y señaló que gracias a su actuar se salvaron niños de situaciones de vulnerabilidad.

Luego sigue otra mujer que sólo se identifica con su nombre de pila, Aída, y que estaba vinculada en esos años al Hospital Sótero del Río (35 casos). En tercer lugar se ubican María Arriagada Ojeda (32) y Lucrecia, del Consultorio 5 (20).

Con esta información, la Brigada de Inteligencia de la PDI deberá ubicar a las personas, instituciones y hospitales que salen en este listado y con esa información el ministro en visita, Mario Carroza, determinará si los cita a declarar o decreta diligencias para obtener más antecedentes.